La consejera de Educación, Dolores Serrat, alargó hasta el último segundo la inquietud de las cinco personas que ayer se sentaron en el banquillo acusadas de una falta de coacciones contra ella, por la tupperprotesta del pasado mes de enero ante su domicilio. Finalmente no compareció en la sala, pese a que estaba citada como testigo. Al no ratificar su denuncia, al fiscal no le quedó más remedio que pedir la absolución de los acusados, que fue dictada in voce por el juez, sin que ninguno de los abogados --ni siquiera el de la consejera-- se opusiera.

No era un final del todo inesperado, ya que como recordó el abogado de Serrat, Jesús García Huici, no ejerció ninguna acción desde que presentara la denuncia en enero. Por ejemplo, no se adhirió a la solicitud de la Fiscalía de juzgar el hecho como delito de coacciones, ni recurrió cuando la Audiencia decretó, en octubre, que solo merecía ser juzgado como falta. En una postura "consensuada" con su letrado, tampoco acudió ayer al Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, en el que estaba citada.

Sin embargo, como explicaron fuentes jurídicas, del mismo modo que optó por no ratificar su denuncia en la sala, podría haberla retirado en cualquier momento, con lo que se habría puesto fin al proceso. O pudo darle poderes a su letrado para actuar en su nombre, cosa que tampoco hizo. Una vez llegado el juicio de faltas, la Fiscalía no podía sostener la acusación en solitario ni contar con la principal testigo de la acusación para interrogarla junto a los policías que actuaron.

Ni su abogado ni las fuentes consultadas del departamento de Educación dieron explicaciones sobre los motivos de esta no comparecencia, al ser "un asunto privado". La consejera tampoco quiso hacer declaraciones en un acto público en el Pignatelli al que acudió por la tarde.

SORPRESA La decisión contrarió, al menos de palabra, incluso a los acusados. Según declaró uno de ellos, Carlos M. J., profesor y sindicalista que en la fecha de la protesta ejercía como periodista del sindicato, se sintió "decepcionado", al llevar casi un año con la "amenaza" del juicio no tener oportunidad de "decirle a la consejera lo que pensamos".

Otro de los absueltos, Hugo B. B., aseguró que salió "lo que tenía que salir". "No podemos permitir que criminalicen esto, es arte --en referencia a la escultura de tupperwares que adosaron a la farola frente a la puerta de la consejera--, y la calle sigue siendo de todos, no nos la pueden quitar". Sí reconoció que lo habían pasado mal cuando la Fiscalía pidió procesarles por delito, que podría haber conllevado cárcel.

Pese a la supuesta decepción, el "debo absolver y absuelvo" del magistrado fue acogido con aplausos y vítores en la sala, por parte del numeroso grupo de miembros de Marea Verde y otros colectivos que acudieron a la Ciudad de la Justicia a apoyar a los acusados. Rebeca R. G., Olga M. G., CArlos M. J., Cristina V. T. y Hugo B. B salieron sonrientes.