El Decreto Ley de Vivienda con medidas urgentes en materia de emergencia social que prevé aprobar el Gobierno de Aragón propone paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria hasta que se encuentre una solución habitacional y que los órganos judiciales comuniquen a la administración la existencia de una demanda de desahucio.
Esta comunicación se realizará a través de los servicios sociales e incluso en algunos casos, de forma excepcional y temporal, la administración podrá asumir el pago de la renta para evitar el lanzamiento.
Junto a estas medidas, el Decreto Ley de Vivienda, cuyo borrador se ha dado a conocer hoy en la primera reunión del Foro de Vivienda de la actual legislatura, plantea que el Gobierno pueda suscribir acuerdos con entidades financieras, sociedades inmobiliarias y el Sareb para incrementar la oferta de alternativas habitacionales o que las viviendas desocupadas de su propiedad y provenientes de ejecuciones hipotecarias se pongan a disposición de la administración.
Así lo ha explicado a los medios de comunicación el consejero de Vivienda, José Luis Soro, quien ha insistido en que el objetivo del decreto ley, que quiere que entre en vigor "cuanto antes", es que, como reza el Estatuto de Autonomía, los poderes públicos provean obligatoriamente de una solución habitacional a las personas que pierdan su vivienda como consecuencia de una ejecución hipotecaria o desahucio por impago del alquiler.
En definitiva, ha destacado que se trata de poner como "obligación legal" lo que ya se hace en la actualidad y para ello se crean dos instrumentos: un registro de viviendas desocupadas de las entidades financieras que provengan de ejecuciones hipotecarias y un único fondo social de vivienda que sustituya a las múltiples bolsas existentes en la actualidad, que abarcará a todos los municipios y que incluirá además a todas las personas que necesiten un hogar de estas características.
