La Operación Molino situó ayer a La Muela en el mapa de la corrupción urbanística. Agentes de la Unidad de Delincuencia Fiscal (UDEF) y del grupo de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron ayer, por orden del juez de La Almunia, Alfredo Lajusticia, a la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, y a otros 17 familiares, empresarios --la mayoría de la construcción-- y empleados del consistorio acusados de integrar una trama de corrupción urbanística. Los responsables de la investigación han encontrado indicios para imputarles los delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de dinero y uso de einformación privilegiada.
Las pesquisas comenzaron hace un año, tras recibir la Policía una denuncia de un particular que les puso sobre la pista de las presuntas irregularidades urbanísticas en La Muela. Hacía años que se hablaba de su existencia y que se ponía en tela de juicio la gestión de Pinilla, aunque nunca pasaron de ser formalmente consideradas como meras infracciones urbanísticas, si bien alguna de ellas, como la construcción de chalets en la zona de seguridad del gasoducto, hayan acarreado sanciones de 60.000 euros por edificio.
El martes por la tarde, el magistrado firmaba las 19 órdenes de detención y 12 de registro con las que a primera hora de la mañana de ayer se desataba la Operación Molino, en la que participaron un centenar de policías apoyados por ocho secretarios judiciales y por personal de la Agencia Tributaria.
Pinilla fue detenida en su chalet junto con su marido, Juan Antonio Embarba, mientras el mediano de sus tres hijos, Víctor, era arrestado en su casa. Entre ambos edificios, situados en una parcela de más de una hectárea en la que se encuentra la tienda de muebles de Víctor, está en construcción la residencia del hijo pequeño, que incluye una pista de tenis.
A esa misma hora, la Policía detenía al concejal de Montes, Jardines y Obras, Juan Carlos Rodrígo Vela; al secretario municipal, Luis Ruiz Martínez, y a Francisco Núñez del Castillo, arquitecto que trabaja para el consistorio.
Paralelamente eran arrestados Julián de Miguel, máximo directivo de Aranade, la empresa que promovió las primeras fases del polígono industrial Centrovía y que se encarga de la gestión de la Sociedad Urbanística de La Muela; Carmelo Aured Pinilla, primer alcalde democrático del muncipio, primo de la alcaldesa y actual empresario boyante; la responsable de la sociedad Gestión Urbanística Zaragoza, una firma que también opera en Villanueva de Gállego y que había comprado terrenos en La Muela, y su hijo; y un ejecutivo de Construcciones Sagain --la empresa que promueve la sexta fase de Centrovía-- que se encontraba en un céntrico hotel de Zaragoza. Así, hasta 18 detenciones; algunas de ellas en Madrid y Guipúzcoa.
El decimonoveno arresto se producirá hoy, cuando se presente en Comisaría uno de los hijos de la responsable de Gestión Urbanística Zaragoza, que ayer se encontraba en Estambul como escolta del consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné, y que fue citado telefónicamente por los responsables de la operación.
REGISTROS Conforme se iban produciendo los arrestos comenzaban los registros. Los más largos fueron los del chalet de los Embarba-Pinilla, al que los agentes dedicaron casi ocho horas --de 8.00 a 15.30--, y el del Ayuntamiento de La Muela, que comenzó a las cuatro de la tarde y que no había concluido al cierre de esta edición. El barrido del consistorio se centró en los despachos de la alcaldesa, el secretario municipal y el arquitecto, todos los cuales estuvieron presentes durante la intervención policial.
Los agentes también registraron el chalet del hijo mediano de la alcaldesa, al que dedicaron más de cuatro horas; la sede de Aranade, el domicilio de De Miguel y los locales de Gestión Urbanística Zaragoza en la calle Cádiz de Zaragoza.
Los investigadores intervineron en los registros documentación en papel y en soporte informático, que engrosarán los veinte tomos que ayer sumaban las pesquisas.
Las 17 personas detenidas ayer --un arrestado en Madrid quedó en libertad a la espera de que lo cite el juez-- fueron distribuidos por tres de las comisarías de Zaragoza, donde pasaron la noche a la espera de comenzar hoy a prestar declaración antes de pasar a disposición judicial a partir de mañana viernes.
La detención de Pinilla, alcaldesa de La Muela desde hace 22 años y única militante del PAR de la lista que encabezó, provocó expectación en el pueblo. Era el principal tema de conversación entre los mayores y de chanza entre los niños, muchos de los cuales dedicaron parte de la tarde a pasear junto al ayuntamiento mientras los policías lo estaban registrando.
No obstante, apenas se acercaron curiosos a los chalets de la regidora y sus hijos. Dos de las primeras en hacerlo fueron Mónica y Marian, dos jóvenes iberoamericanas que llevan unos años en La Muela. "La denuncia la ha presentado gente que no ha podido obtener de ella los favores que le pedía", aseguraba una de ellas. "Todos los alcaldes se llevan algo" y "ella ha dado más de lo que ha recibido", añadía la otra para remachar el argumento, uno de los más repetidos en el pueblo, en el que ayer parecía desenrollarse la espiral de silencio implantada en los últimos años. La mayoría de los vecinos callaba, mientras otros, como el exconcejal socialista Javier Gimeno, denunciaban que cuestionar las actuaciones de Pinilla conllevaba la exclusión. "Aquí, el que dice algo no tiene acceso a empleos en el ayuntamiento. Ni él ni su familia", indicó.
La redada apenas halló eco en los partidos políticos, que extremaron la cautela para valorar la Operación molino. CHA e IU tacharon de "salvaje" y de "opaco" el desarrollo urbanístico de La Muela. El PSOE optó por el silencio. En el PP habló, sin aclarar nada, Beamonte. Y el presidente del PAR, José Ángel Biel, se despachó con una vaguedad al limitarse a decir que su partido tomará las "decisiones pertinentes". El PSOE de La Muela expresó su "preocupación por lo ocurrido" y lamentó "que nuestro municipio sea el principal perjudicado en una situación como esta".
