El Servicio Aragonés de Salud ha facturado desde el pasado 1 de septiembre 330.000 euros a los países de origen de extranjeros sin tarjeta sanitaria únicamente teniendo en cuenta los grandes hospitales. En concreto, ha enviado las cuentas a aquellos gobiernos con los que España tiene firmados convenios de colaboración o por medio del reglamento comunitario de la Unión Europea.

Así, estos cargos a terceros por la facturación por asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros se aplicarían a través de los reglamentos comunitarios y convenios bilaterales de asistencia sanitaria.

En este sentido, la suma más elevada corresponde a asistencia de ciudadanos de Rumanía, Francia o Italia, que entre los tres acumulan cargos pendientes que ascienden a 200.000 euros.

Aunque es Rumanía el país que encabeza el ránking con mucha diferencia sobre el resto. De hecho, su deuda con el Salud alcanza los 100.478 euros desde septiembre a diciembre, prácticamente el doble de lo que debe pagar el segundo país en este apartado: Francia.

Y ALEMANIA Además, Alemania también figura entre los primeros puestos. De hecho, es el de mayor cargo económico en los meses de septiembre y noviembre, aunque es en diciembre cuando Rumanía cimentó su liderazgo, ya que la facturación entonces alcanzó los 67.000 euros, prácticamente las dos terceras partes del total desde septiembre.

En cambio, de los 30 países con los que existiría convenio, únicamente tres --Finlandia, Lituania y Chile-- no habrían recibido cargo alguno por parte de la comunidad autónoma, lo que significaría que ninguno de sus ciudadanos habría recibido asistencia sanitaria en tierras aragonesas estando en situación irregular.

COBRO ASEGURADO Desde el Ejecutivo autonómico se daba por seguro el cobro de la totalidad de las cuentas aunque no aclaran si ya se ha percibido algo de esos 330.000 euros que ha facturado el Salud.

El procedimiento para facturar es claro. El protocolo advierte que cuando un paciente sin tarjeta sanitaria acude a un centro de salud en la comunidad debe ser cuestionado acerca de su nacionalidad. Si procede de uno de los países con los que la Seguridad Social tiene establecido un convenio sanitario, la factura correspondiente se envía a ese país. Si la documentación del paciente indica que no procede de ninguno de estos países y se demuestra que no puede asumir el coste, el Salud es el que se hace cargo de este, aunque la plataforma Salud Universal volvió a cuestionar ayer este aspecto. "Parece que la aplicación del decreto en Aragón está orientada a disuadir a este grupo de población de la utilización de los servicios sanitarios", aseguraron.

Sin embargo, desde el Departamento de Sanidad incidieron en que "las instrucciones del departamento es que se atienda a todas las personas que acudan a uno de nuestros centros", insistieron desde Sanidad. En este sentido, la Administración anunció que "para asegurarnos que no se niega la asistencia a las personas que lo precisan se ha puesto en marcha un sistema de recogida de incidencias quincenal en todos los sectores de Salud". La medida se ha implantado en los servicios de admisión de los centros de salud y de especialidades o servicios de Atención al Paciente, entre otros.