El Gobierno central ha concedido indultos a 189 delincuentes condenados en Aragón en los últimos 18 años, desde 1996. El Ejecutivo revoca anualmente más de diez condenas de tribunales de la comunidad.

Según los datos recogidos por la web El indultómetro, cuyos autores han efectuado una laboriosa labor de recogida de datos sobre medidas de gracia, la mitad de los indultos se concentraron en las dos legislaturas de José María Aznar --de 1996 al 2004--, en las que el Consejo de Ministros aplicó esta medida a 95 delincuentes, con una media de prácticamente doce por año y un récord de 29 registrado en 1998.

Los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero --2004-2011-- redujeron algo el ritmo, al bajar a 78 en ocho años --casi diez por ejercicio--, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó quince el año pasado y uno este.

La aplicación de los indultos lleva meses provocando un agitado debate en los medios de comunicación, ante la aprobación de algunos como el del banquero Ignacio Sáez o el de un conductor kamikaze que provocó un accidente mortal. La polémica ha vuelto con la excarcelación en Marruecos, y la posterior detención en España, del pederasta Daniel Galván.

La mayoría de los indultos concedidos a delincuentes condenados en Aragón comportaban la suspensión condicional de la pena durante o anulaban la reclusión, aunque frecuentemente mantenían las responsabilidades pecuniarias --multas e indemnizaciones-- o supeditaban a su cumplimiento la exención del encarcelamiento.

El indulto anula la pena que ha sido impuesta al delincuente, aunque no borra la existencia del delito, por lo que el indultado sigue teniendo antecedentes penales.

TRAFICANTES

El mayor grupo de indultados en Aragón a lo largo de esos 18 años corresponde a los condenados por tráfico de drogas: 58, casi la tercera parte del total.

Los traficantes se ven superados por los penados por delitos contra el orden socioeconómico, 73 de los cuales fueron objeto de medidas de gracia en ese periodo. No obstante, este grupo incluye, además de ladrones, vendedores del top-manta --once en el 2010 y el 2011--, empresarios que habían simulado su insolvencia --cinco-- y un perista, lo que reduce la cifra de chorizos y rateros a 56.

También se han beneficiado de las medidas de gracia de los distintos gobiernos cuatro delincuentes que quebrantaron sus condenas, otros cinco que habían agredido a agentes de las fuerzas de seguridad, un autor de un delito contra la seguridad vial y otros 16 que cometieron infracciones penales tipificadas como faltas.