El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, ha ordenado el embargo de bienes y depósitos de los exgerentes de la UTE Plaza, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, "en este momento y sin perjuicio de ulterior modificación, conforme avance la instrucción, de ocho millones de euros". El dato figura en dos providencias por las que el 19 de septiembre el juez ordenó el embargo de propiedades de los imputados por esa cuantía para garantizar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse para ellos del caso Plaza.
Acciona depositó a finales del mes pasado dos avales bancarios por idéntica cantidad --seis en el caso de Jordán y dos en el de Bretón-- tras exigir el juez su entrega, como medida cautelar en la vía penal, para que pudieran recuperar sus pasaportes y reincorporarse a sus puestos de trabajo en Brasil y Colombia.
Jordán tiene 18 bienes embargados por orden judicial. La lista incluye un piso, tres garajes y dos trasteros en la zona de La Romareda; un piso, dos garajes y un trastero en El Pueyo de Jaca y, también, una parcela en la urbanización San Lamberto. Posee todos ellos con su mujer. El matrimonio es dueño también, a través de una comunidad de bienes, de la tercera parte de dos naves en Plaza hipotecadas por 400.000 euros cada una.
La pareja tiene en una caja de ahorros cuentas y productos por valor de 950.000 euros --de los cuales 710.000 están en un plazo fijo que vence en dos años-- y dispone de un Jeep Cherokee matriculado en el 2003.
Jordán, según la información remitida por la constructora Acciona al juzgado número 1, ganó 5.011.720 euros entre enero del 2005 y agosto del 2013.
BRETÓN
La lista de bienes embargados a Bretón es menor. Incluye un ático, dos aparcamientos y un trastero en Jaca --todos ellos integran el consorcio conyugal con su esposa--, además de un depósito de casi 40.000 euros y un plan de pensiones con algo más de 9.000 en una caja de ahorros.
El sueldo de Bretón es muy inferior al de Jordán, su antecesor y amigo de la infancia: 182.163 euros anuales, según la información que Acciona ha trasladado al juzgado.
El embargo de los bienes, depósitos e ingresos de Jordán, Bretón y los otros tres imputados fue solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que "en el caso que nos ocupa, las medidas cautelares encuentran su legitimación en la naturaleza de los delitos investigados, por cuanto el delito de blanqueo y el de malversación de caudales públicos tienen como base y efecto el uso y abuso de los bienes, resultando los mismos efectos delictivos cuando no son el propio cuerpo del delito".
La localización del patrimonio de los imputados es una de las líneas clave de la investigación del caso Plaza.
El exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, declaró que posee una casa en Biescas, un piso en Zaragoza, otro en Madrid y una VPO en la capital estatal. Las dos últimas las tiene alquiladas.
El ejecutivo de Intecsa Nico Groeneveld, por su parte, indicó que su patrimonio incluye un piso en Zaragoza y una finca en Garrapinillos. El juez investiga una reforma en esta última.
