Las quince reuniones mantenidas entre los representantes de AUZ y del comité entre el 19 de julio y el 19 de agosto sirvieron para acreditar "de forma palmaria que ni se ha incumplido por la demandada el deber de entrega de documentación necesaria, ni tampoco el de negociar de buena fe", según indica la sentencia del TSJA. "No incumbe a los tribunales de Justicia tratar de hallar otras soluciones organizativas que estimemos más adecuadas sustituyendo la misión que la ley y la realidad económica encomiendan el empresario", añade.
