El líder actual de los socialistas, Javier Lambán, y su antecesor, Marcelino Iglesias, pasaron ayer de puntillas sobre el caso Plaza. Ambos, después de lo que se ha conocido en los últimos días sobre el caso, insistieron en la misma idea: la Justicia es la que debe dictaminar si existen delitos o no.

Iglesias, que era presidente del Gobierno cuando supuestamente sucedieron los hechos, señaló que es a los jueces a los que toca decir si hubo irregularidades o no en la gestión de la plataforma logística, cuando la gerencia estaba en manos de Ricardo García Becerril. No entró en mayores consideraciones sobre el caso que afecta a algunos de sus consejeros de Obras Públicas y al exviceconsejero, Carlos Escó.

Lambán dijo respetar el "trabajo de la Justicia". Y recordó que también las Cortes de Aragón, a través de una comisión de investigación, analizaron las presuntas irregularidades que se produjeron en la urbanización de los terrenos de Plaza. "Nuestro partido fue uno de los impulsores de este órgano", recordó el líder de los socialistas aragoneses. "Somos partidarios de investigar hasta el final caiga quien caiga", dijo el secretario general del PSOE.

Aunque de momento, en el caso de las Cortes, la comisión de investigación terminó sus trabajos antes del verano y desde entonces ya no se ha vuelto a saber nada. Iniciado el curso político, los grupos ni siquiera se han reunido de nuevo para empezar a debatir las conclusiones políticas que en principio deberían derivarse de las declaraciones de todos los consejeros de la sociedad.