El portavoz del Gobierno de Zaragoza y teniente de alcalde de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, anunció ayer la decisión de encargar la auditoría económico financiera de las cuentas municipales, un completo informe área a área sobre información relativa, sobre todo, al nivel de ejecución del presupuesto, de gastos pendientes de ejercicios anteriores, la deuda a corto y largo plazo, o las sentencias firmes ya recibidas o por llegar que deberán incorporarse a las cuentas de este año. Una información que llegará en septiembre y casi a la vez que la primera propuesta de ordenanzas fiscales, los impuestos, tasas y precios públicos para el 2016.

En este caso, Rivarés explicó que se había cursado una orden a la jefa del Departamento de Gestión Tributaria para que se inicien los trámites administrativos que permita tener una oferta que debatir con el resto de grupos a la vuelta del verano. Una propuesta que nacerá, dijo, sin premisas ni directrices políticas previas, pero que tiene en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) su principal escollo.

Antes esa posible subida del 27% en el recibo por el final del periodo de bonificaciones tras la última revisión catastral, el responsable de las finanzas solo remarcó un objetivo político: "No se puede trasladar más sufrimiento económico a la ciudadanía, si no se está obligando a pagar a la gente que no puede". Por eso, están expectantes de la respuesta del Gobierno central, porque si este se enroca en no ampliar el periodo de bonificaciones y, dijo, "seguir con esas política de asfixia a los ayuntamientos y de maltrato económico a las familias", no quedará otra que revisar los tipos, aunque esto suponga perder ingresos al consistorio. Se quiere evitar, explicó, porque significaría que en casas "de cierto postín" se pagarían "entre 5 y 15 euros menos al año", a cambio que otros, las rentas más bajas, "no tengan que pagar 100 euros más".

Con respecto a la auditoría financiera, destaca que algunos de los datos que se persiguen ya están a su disposición en la web municipal. Como es el caso de la ejecución presupuestaria, que se actualiza casi en tiempo real, o la deuda a corto y largo plazo. Sin embargo, servirá para conocer un informe técnico sobre si la dotación de las partidas es suficiente para el gasto obligatorio o la relación de facturas en los cajones que faltan por aflorar.