Enrique Irazábal Serrano, Elsa Andrés Alzola y Jesús Fernández Fernández admitieron ayer ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza haber urdido una macroestafa con un falso negocio de fábricas de contenedores con fines humanitarios (pequeñas plantas potabilizadoras, desaladoras, para material sanitario, etc.) con el que lograron cerca de 4,3 millones de euros, de los que el pasado viernes depositaron 300.000.

Los tres se negaron a declarar pero se mostraron conformes con los hechos que les imputa la Fiscalía; no así con la pena por estafa, falsedad documental, blanqueo y formación e integración de grupo criminal: son de 16 años y 7 meses para Irazábal, 13 años y 3 meses para Andrés y 9 años y medio para Fernández. Amén de multas, de 8 y 6 millones de euros, respectivamente, para los dos primeros.

A falta de ver en qué se traduce este reconocimiento, los hechos reconocidos son que establecieron un entramado de empresas pantalla, encabezado por la firma Scinet, elaborando documentos falsos para simular solvencia, de tal forma que los inversores y proveedores (que tenían que pagar igual), al consultar por internet, no solo veían grandes proyectos en hasta 70 países (información elaborada por Andrés), sino un capital social millonario de la compañía, falsificado.

Sí contaban con una importante línea de crédito de Barclays (hoy, Caixabanc), que a juicio de la Fiscalía falló en su deber de prevención y control de blanqueo; por ello, figura como responsable civil subsidiario.

Los tres confesos contaron, según las acusaciones, con la colaboración de otros cuatro acusados: la vicepresidenta de la compañía, que se encargaba de captar inversiones y llevarlas a la sede de la empresa en Madrid, Elizabeth Mamontoff; un letrado externo (durante nueve meses), José Miguel Crespo; y un padre y un hijo que intercedieron para que la empresa se instalase en Gallur, Antonio Yoldi senior y junior.

Todos ellos afirmaron haber sido engañados ya que confiaban, durante años, en la viabilidad del proyecto. Yoldi hijo incluso captó inversores entre sus amigos para una fallida planta en Gallur. El ayuntamiento no fue perjudicado porque rescindió el contrato a tiempo y recuperó el terreno que cedió para una prometedora fábrica, de 48 millones de inversión prometidos.