La Delegación del Gobierno en Aragón y el Gobierno dee Zaragoza en Común (ZeC), de nuevo están enfrentados. En esta ocasión por el decreto municipal que permitía rescindir contratos con aquellas empresas que operasen en paraísos fiscales. El teniente de alcalde de Servicios Públicos y Personal del ayuntamiento, Alberto Cubero, anunció ayer que el delegado, Gustavo Alcalde, ha remitido un escrito al consistorio exigiendo la derogación del mismo, una petición a la que ya adelantó que hará caso omiso, invitándole a ir a los tribunales si quiere que se anule. Le han dado un mes para hacerlo, pero ni siquiera piensa agotarlo para dar respuesta a la exigencia del Ejecutivo central.

«El Gobierno central, que sí puede perseguir a las empresas que operan en paraísos fiscales, no lo hace. Y a quienes sí lo intentamos, nos ponen trabas», criticó el edil de ZeC, quien lo achacó a que el actual Gobierno central está dirigido «por la principal trama corrupta» de España, «que utiliza paraísos fiscales para lavar su dinero y su caja b».

La Delegación exige su anulación porque entiende que se extralimita en las competencias municipales y porque no respeta la presunción de inocencia. «Teniendo en cuenta que estamos ante conductas delictivas (blanqueo de capitales, fraude fiscal, delito contra la Hacienda pública...) solamente la declaración de condena firme de un órgano judicial habilitaría al Ayuntamiento de Zaragoza para considerarlo falta grave con imposición de penalidades, posibilidad de resolución de contrato e inicio de incoación de prohibición de contratar», explica en su escrito, añadiendo que «la simple verificación» sobre la presunción del delito «no es suficiente» para adoptar tales medidas», por lo que hacerlo por parte del consistorio «estaría invadiendo las competencias de los órganos judiciales en el ámbito penal».

Además, le recuerda a Cubero que prohibir la contratación de empresas solo por estar vinculada a esos paraísos fiscales infringiría un real decreto estatal, porque hay que entender que no todas aquellas que lo hacen están realizando conductas delictivas.

Cubero sostiene que su decreto, aprobado el pasado mes de junio, también respeta la presunción de inocencia porque «lo que dice es que las empresas condenadas por tener paraísos fiscales no podrán concurrir a contratos públicos». Aunque en la literalidad del texto habla de verificar la comisión de esta conducta, supondría incumplir un compromiso previo que las empresas deben firmar para trabajar para el consistorio, en el que garantizan que no operarán en paraísos fiscales. «Lo mismo que se nos exige a los ciudadanos para optar a subvenciones o acceder a un cargo público», apostilló. H