La Fiscalía Anticorrupción acaba de solicitar al juez, que investiga la supuesta malversación de más de 80 millones de euros en Plaza, que impute en esta causa al exconsejero delegado de la plataforma logística y exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó. Los representantes del ministerio público consideran que es autor de cuatro delitos: malversación continuada de caudales públicos, prevaricación continuada, cohecho y alteración del precio de las cosas, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO.

En un escrito enviado al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, los fiscales encargados del caso se basan en la investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de los correos electrónicos de otros dos imputados: el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el director técnico Miguel Ángel Pérez Cervantes. En dichos emails aparece el nombre de quien fuera la mano derecha del expresidente Marcelino Iglesias como autor de varias irregularidades a la hora de adjudicar obras a supuestos amigos.

De hecho, la Fiscalía también pide la imputación de uno de esos beneficiados, el empresario Miguel Ángel Floría. Según la documentación que aportan los fiscales anticorrupción, Floría habría recibido el mandato de revestir tres edificios por 344.405 euros, cuando el proyecto inicial era hacerlo en seis equipamientos por un valor inferior.

Asimismo, solicita la imputación de Alejandro Viñuales, jefe de movimientos de tierras y de obra de la UTE Plaza por falsear mediciones y certificaciones de obra que crearon un perjuicio en las cuentas de Plaza.

Anticorrupción no solo solicita la imputación de estas tres personas, que deberá ser aprobada por el magistrado, sino también que declaren en calidad de testigos José Luis Marqués (exmiembro del consejo de administración de Plaza) y Borja Lasala (trabajador del Grupo Floría).