El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza ha acordado hoy el sobreseimiento provisional de la denuncia por la muerte de un detenido en dependencias de la comisaría de policía del Actur en la capital aragonesa.
En su auto, el responsable judicial argumenta que no hay indicio alguno que pruebe la existencia de delito en la custodia del detenido, Miguel Ángel Fernández, y señala que el hematoma que se le apreció en la cabeza tras el arresto es "compatible" con una autolesión en la celda en la que fue confinado.
Miguel Ángel Fernández fue detenido el 4 abril de 2016 por su presunta implicación en dos delitos de robo con fuerza y su muerte se produjo dos días después en dependencias policiales, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
El hematoma se le apreció el mismo día de su detención en la revisión médica que se le hizo en el Hospital Provincial de Zaragoza, pero ya no le fue detectado en las sucesivas asistencias médicas que recibió hasta el momento de su fallecimiento.
El instructor sobreseyó el caso el pasado mes de septiembre, decisión que fue revocada el 25 de noviembre por la Audiencia de Zaragoza, que instó al juez a continuar con el caso para determinar, con mayor precisión y mediante el visionado de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaria, las causas de las lesiones sufridas.
El archivo fue recurrido por el representante legal de la familia del detenido y por la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, que ejercen la acusación popular, al entender que la muerte pudo tener su origen en el cóctel de barbitúricos que se le suministró tras su detención.
En su auto, el instructor, tras visionar las grabaciones de vídeo, estudiar los informes médicos y tomar declaración al compañero de celda del detenido confirma su decisión inicial de sobreseimiento provisional y de archivo de las actuaciones.
Destaca el juez que los médicos descartan, en el informe ampliado aportado, que la lesión en la cabeza fuera producida por terceras personas, y aunque señalan que no es posible determinar su origen, valoran la posibilidad de una autolesión.
Admite el instructor que los agentes de policía que se encontraban al cargo de la custodia del detenido entraron en la celda y procedieron al uso de la fuerza debido a la alteración del orden que causó.
Considera, además, que la fuerza empleada por los agentes fue proporcionada y "sin el más mínimo exceso", según se deduce del informe forense y de las grabaciones aportadas.
Añade que aún el supuesto de que se considerase que el hematoma subcutáneo se hubiera debido a la actuación de los agentes, extremo, subraya, del que "no existen indicios racionales", concurriría una eximente por "obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo".
