Luisa Fernanda Rudi separó al llegar al Gobierno las áreas de Economía y Hacienda confiriendo a esta última personalidad propia. No era una mera declaración de intenciones, sino que quedaba bien a las claras que su propósito de enderezar las cuentas y hacer una profunda reforma de la Administración exigía esa división. Cuatro años después, los propósitos de cuadrar las cuentas y de modernizar y agilizar la estructura de la maquinaria del Pignatelli arroja un balance de claroscuros. A pesar de emprender una profunda agenda de recortes para que las cuentas cuadrasen, Aragón no ha podido en los dos últimos años cumplir con los objetivos de déficit, la deuda ha aumentado y la comunidad sigue siendo la que tarda más en pagar a sus proveedores, casi cuadruplicando el límite legal.

No ha sido tarea fácil en tiempos de crisis cumplir los objetivos de los que presumía el Ejecutivo autonómico al llegar al Pignatelli. Basta con ver que por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas han pasado tres consejeros, muy diferentes entre sí, y todos con ambiciosos propósitos. Tal vez por eso no hayan podido verlos culminados.

DISTINTOS AVATARES

Mario Garcés fue el primer consejero. Aunque jacetano de origen, su carrera se había gestado en FAES, la fundación de Aznar, y a Madrid volvió apenas siete meses después para ocupar una subsecretaría de Fomento. Garcés fue pronto, por su personalidad y estilo, considerado el fichaje estrella y suyos fueron algunos de los momentos más destacados en el Parlamento, por sus declaraciones y pugna dialéctica con la oposición. Llegó con muchas pretensiones y sentó unos cimientos que dejó a medio construir: planteó una profunda reforma y adelgazamiento de la corporación empresarial, se mostró partidario de una profunda reforma fiscal en la que se redujeran impuestos como el de Sucesiones (algo que se ha ido cumpliendo año tras año) y emprendió un plan de racionalización en la Administración con el que se han ahorrado a final de legislatura más de 130 millones con la reducción de sedes oficiales y la disminución del gasto corriente, principalmente.

Tras su marcha, fue relevado por José Luis Saz, quien continuó con las bases de lo que había planteado su antecesor y emprendió una cruzada contra el déficit que cumplió el primer año de su mandato, pero que, en su segundo --el tercero de legislatura--, se quebró. Saz fue forzado a dimitir. Durante su paso por el departamento se plantearon varias subastas de patrimonio que apenas tuvieron éxito y se evitó que Aragón entrara en el Fondo de Liquidez Autonómica, al considerar que tenía facilidades para financiarse en los mercados sin necesidad de acudir a las ayudas del Estado, que exigían además un control externo severo.

DIMISIÓN

Sin embargo, la confianza de la presidenta, que sacaba pecho del esfuerzo y los éxitos de la consolidación fiscal de su Ejecutivo, se quebró al incumplir el objetivo de déficit del 2013, que le llevó a la dimisión tras una crisis en el Pignatelli y la necesidad de hacer nuevos recortes impuestos por el ministerio. Le sustituyó el diputado maellano Javier Campoy, con un perfil más político y que instituyó una comisión de control del gasto que hizo que todas las facturas, por pequeñas que fueran pasaran por sus manos. Se ha reducido notablemente el déficit, pero aun así se ha sobrepasado ligeramente en el año 2014.

Campoy ha tenido que acudir a un nuevo fondo creado por el ministerio, de Facilidad Financiera, para atender el pago de facturas a proveedores, ya que Aragón adeuda unos 400 millones y tarda más de cien días en abonar las facturas.

Especial Elecciones 2015: el balance de las consejerías del GobiernoEspecial Elecciones 2015