El Ayuntamiento de Zaragoza tiene 15 años de margen para equilibrar las cuentas de TUZSA. Según la ley, el consistorio podría reclamar los gastos que la contrata imputó al ayuntamiento como costes de explotación para hinchar sus cuentas desde 1998. Ahora, el equipo de Gobierno tiene que decidir si exige la devolución de los pagos que realizó a la concesionaria y que, según la auditoría de las cuentas del 2002 --cuando gobernaba el PP--, incumplían los pliegos.
Como adelantó este periódico, TUZSA cargó en las arcas municipales gastos muy diversos para engordar sus resultados y poder exigir una negociación del precio por kilómetro. Incluyó como gastos de explotación aquellos derivados de la organización de fiestas y comidas o de la compra de obsequios. También imputó los costes de los impuestos. Y los intereses de los préstamos o las comisiones de los avales a terceros.
TIPOS DE DEUDA
Estas "anécdotas", como las calificó el vicealcalde, Fernando Gimeno, podrían reclamarse. Es el actual equipo de Gobierno quien tiene la decisión. Según fuentes jurídicas, la deuda adquirida es contractual, es decir, "deriva de un contrato" por lo que existe un "plazo de 15 años para poder reclamar el dinero" y no cuatro como se había anunciado.
El Código Civil diferencia tres tipos de deuda. La tributaria, que prescribe a los cuatro años; la derivada de la responsabilidad extracontractual en la que hay un año para poder reclamar el tronco de lo adeudado, y la contractual, que es la que afecta a la relación existente entre TUZSA y el ayuntamiento. Es más. En caso de que a los 14 años, 11 meses y 24 días el ayuntamiento enviara, simplemente, un burofax mostrando su intención de reclamo, el contador se pondría a cero y tendría otros 15 años para poder iniciar los trámites necesarios para reclamar el dinero que considere. Gimeno aseguró esta semana que se estudiarán "caso a caso" las partidas incluidas en la auditoría de las cuentas del año 2002 que solicitó el departamento de Hacienda. Entonces gobernaba el PP y fue cuando llegó el PSOE cuando se encargó la única auditoría completa de las cuentas de TUZSA.
En el conflicto del transporte el signo político ha importado poco. Reflejo de ello es el estudio del 2002 o el "enriquecimiento injusto", según un informe jurídico que reveló EL PERIÓDICO, de la empresa y por los que el consistorio reclama hasta 31 millones de euros relativos a las revisiones de precios del 2009, 2010 y el 2012 tras la emisión de la última auditoría en la que no se estudiaron las cuentas. Más los 20 millones por los costes de los bonos familiares.
