Recién celebrado el 15 aniversario de la tragedia del Yak-42, cuando los familiares que integraron la disuelta asociación de víctimas hablaban de cierta paz tras la petición de perdón por parte del Ministerio de Defensa y el reconocimiento de que pudo haberse hecho más por evitarlo, una nueva información del organismo que dirige María Dolores de Cospedal reabrió ayer viejas heridas: la confirmación de que Turquía enterró, diez días después del accidente de Trebisonda, una pierna perteneciente a alguno de los 75 miembros del pasaje, entre ellos 62 militares españoles.

Una vez más, fue el impulso de los familiares, concretamente de uno -que prefirió no ser identificado-, el que llevó a destapar el dato. En realidad el número tres de Defensa en la época del ministro Federico Trillo, Javier Jiménez-Ugarte, ya admitió en una entrevista concedida a EL PERIÓDICO en el 2014 que un general médico le contó que «diez días después del siniestro habían aparecido restos humanos en la zona», si bien afirmó que «eso no impidió las identificaciones». Días después, en febrero del 2004, enviaba una misiva a los familiares en la que, ante el revuelo causado, aseguraba que eran «pequeñísimos restos» y «tejidos».

Como tantas cosas en torno a la tragedia aérea, este asunto quedó sin resolver, aunque luego tres altos mandos fueran condenados por lo penal (fue el único caso) por las falsas identificaciones, para luego fallecer o ser parcialmente indultados.

INFORMACIÓN

Tras 15 años, y una vez cerradas todas las vías judiciales -siempre a la espera de que aparezca nueva documentación-, el familiar de una víctima se dirigió al Ministerio de Exteriores de Turquía, por mediación de Defensa, para preguntar sobre la existencia de restos enterrados allí. Según informó el ministerio, la embajada española en Ankara recibió como respuesta la confirmación de que una pierna, que no pudo identificarse en su momento, fue enterrada en el cementerio de Maçka el 24 de julio de 2003.

Defensa firmó que en el ministerio «no existe constancia documental de este hecho», como ocurre con los expedientes de la cadena de contratación de vuelos que las familias seguían y siguen reclamando.

En cualquier caso, ha solicitado a la Audiencia Nacional la apertura de un procedimiento de cooperación judicial con Turquía para intentar localizar este resto inhumado, y en su caso, proceder a su identificación. Para ello, según confirmó este diario, se ha puesto en contacto con las víctimas para ofrecerles realizar análisis de ADN.

Sobre todo porque, como también informó Turquía a instancias del mismo familiar de un militar fallecido, el país ya ha destruido, siguiendo su legislación, las muestras de tejido y análisis que en su día se extrajeron para la identificación de los cadáveres.

La noticia volvió ayer a crispar a los familiares de las víctimas. Un grupo de deudos de diez de los militares fallecidos declararon que la noticia es «el culmen de la película de terror» que viven desde el 26 de mayo del 2003, cuando ocurrió el accidente mortal. No dejaron de afear que, al igual que entonces, se enteraron del hallazgo por los medios de comunicación, tras la publicación en la web de Defensa, antes de que comenzaran a llamarles para darles la información y ofrecerles los análisis de ADN.

«Es un maltrato continuado, desde el Gobierno de España, sin sensibilidad, maltrato psicológico e institucional», expusieron, afirmando que era un hecho que Defensa conocía hace años, en referencia a las declaraciones de Jiménez-Ugarte.

Los familiares reiteraron su petición de que se realice una comisión de investigación en el Congreso, solicitud que quedó en suspenso el año pasado, para despejar todas las incógnitas.