El Defensor del Pueblo ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad, presentado por Izquierda Unida (IU), y que permite la instalación del macrocomplejo Gran Scala, en Ontiñena (Huesca).
El coordinador general de IU en Aragón, Adolfo Barrena, la coordinadora parlamentaria, Patricia Luquin, y el concejal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, han comparecido en rueda de prensa para explicar la respuesta del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, a su demanda de inconstitucionalidad.
IU ha acatado la decisión y se ha mostrado "satisfecha" por el reconocimiento del Defensor del Pueblo a la solicitud presentada, de la que ha dicho que no es "gratuita, ni irrazonable" y que responde a una "legítima" preocupación".
El Defensor del Pueblo ha explicado que la promulgación de la Ley no es contraria a la Constitución, pero ha advertido que la inconstitucionalidad puede presentarse en su desarrollo, ha explicado Luquin.
"La Ley aumenta las posibilidades de decisiones discriminatorias, de atentar contra la libre competencia, pero esto ocurrirá en el momento de aplicarla, no en el de legislar", ha indicado el Defensor del Pueblo en su informe de veinte páginas.
Por ello, IU va estar "muy pendiente" del desarrollo parlamentario de esta Ley, y continuará trabajando para poner "todas las trabas posibles, jurídicas, legales y democráticas", ha señalado Barrena, quien ha subrayado que esta norma puede ocasionar "un pelotazo récord" y un "desastre ecológico y social".
El Defensor del Pueblo en su informe también ha destacado la falta de transparencia de la Administración en el ámbito urbanístico y ambiental y ha advertido de que esta Ley podría desembocar en una "campaña de destrucción de espacios naturales, de urbanización caótica, de turismo incívico y de actividad poco económica, salvo para unos pocos".
En este punto, Barrena ha insistido en que el Gobierno de Aragón aprobó esta normativa sólo para que los "aventureros" de International Leisure Development (ILD) pudieran instalar Gran Scala en la Comunidad, un proyecto que de momento, "no ha creado ningún puesto de trabajo".
INVESTIGACIÓN ABIERTA
El Defensor del Pueblo también ha recordado que tiene abierta una investigación a la presidencia del Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Ontiñena por el proyecto Gran Scala y ha alertado de que, por el momento, estas instituciones no han descrito la ordenación del territorio ni el impacto ambiental y social del mismo.
Barrena ha pedido al Gobierno de Aragón que se desvincule de este proyecto y ha comparado a su vicepresidente, José Ángel Biel, con el Conde Romanones, "un político al estilo cacique", que decía que "las leyes las hicieran los parlamentos y a él que le dejaran los reglamentos".
El coordinador general de IU en Aragón ha apuntado que esta "pelea", que comenzó en diciembre de 2007, continúa a nivel local, nacional e internacional, y ha recordado que Izquierda Unidad denunció también la Ley en Bruselas.
