Los funcionarios de Justicia de Zaragoza suelen quejarse en sus diversas protestas contra la dirección general del ramo de la DGA de que no tienen comunicación con ellos. Ayer se evidenció, al convocar una manifestación en la Ciudad de la Justicia por la propuesta de la DGA de transformar un juzgado de Instrucción de la capital en uno de Primera Instancia, cuando el Gobierno ya confirmó anteayer, en una reunión privada, que da marcha atrás, tras el revuelo judicial creado.
En la elaboración del inminente Real Decreto sobre planta judicial, el Ministerio de Justicia propuso dos nuevas unidades judiciales en Zaragoza, en principio para dos juzgados de Primera Instancia -civil, la jurisdicción más saturada-, los números 22 y 23.
La propuesta tuvo el beneplácito del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), pero la DGA propuso crear el número 22 y asignar la segunda unidad a una plaza de magistrado en la Audiencia de Zaragoza (que paga Madrid). Para crear el número 23 habría que transformar el Instrucción número 12, lo que justificaba por la disminución de asuntos penales.
Los jueces celebraron juntas, respaldadas luego por el TSJA, en la que criticaban este baremo, porque los asuntos penales no han descendido realmente.
Anteayer, en una reunión entre el consejero de Presidencia Vicente Guillén, la directora general de Justicia María Ángeles Júlvez, el presidente del TSJA, Manuel Bellido y el juez decano, Roberto Esteban, se acordó que se creará el número 22 el año que viene, presupuesto mediante y no se quitará el Instrucción 12. Pero el Primera Instancia 23 tendrá que esperar a que haya dinero para sufragarlo.
