En mitad de la polémica por la privatización de la asesoría jurídica que hasta ahora prestaba el SAM de los colegios de abogados, ayer se confirmó la salida a concurso del servicio con la publicación de la licitación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Un anuncio que, no por esperado, cayó mejor entre los letrados y los grupos políticos que se han mostrado contrarios a mercantilizar la iniciativa.
La disposición, según aparecía publicada, fue adoptada el pasado 21 de marzo, y el presupuesto base de licitación es de 131.274 euros sin IVA. Es posible dividir la asesoría por lotes. La entidad adjudicataria debería prestar el servicio durante este año y el que viene, y las candidatas tienen 15 días para presentar sus ofertas al Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), que es el organismo que formalmente presenta la propuesta.
El anuncio no es sinónimo de que el servicio llegue a privatizarse, pero es un paso importante. El Gobierno de Aragón expuso desde el principio de la polémica (a principios de este mes) que sacar a concurso el servicio era una obligación, como había señalado la Intervención. Algo que ya se había observado por lo menos el año pasado, pero que se había ignorado.
Los letrados del Servicio de Atención a la Mujer (SAM) de los colegios de abogados aragoneses, sin embargo, discrepan. No solo en el fondo sino en la forma. En cuanto a lo primero, consideran injusto que se saque a concurso la parte "rentable" de la asesoría (por la que se perciben unos 41 euros la hora), mientras las guardias se mantienen en sus manos.
SERVICIO ININTERRUMPIDO
Al respecto, el coordinador del servicio en Zaragoza, Antonio Muñoz, recordó que ellos dejarán de prestar el servicio de guardia de violencia doméstica (no de género, que es obligatorio a través del turno de oficio) desde el 1 de mayo. Esta parte de la guardia de 24 horas no forma parte del concurso, pero fuentes de la DGA confirmaron que el servicio no se interrumpirá.
En cualquier caso, los letrados discrepan de la obligación legal de licitar el servicio. Entienden que la ley europea en la que se ampara la DGA para ello --sobre la necesidad de sacar a concurso los servicios y evitar adjudicaciones a dedo-- tiene entre sus excepciones los servicios de carácter social como este. Porque, señalan, aunque no se trate de una asesoría solo para maltratadas, la mayoría de ellas lo son.
