El rifirrafe entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza a cuenta del cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) sigue sin tener fecha para su solución. El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, aseguró que el departamento «tomará medidas» para la capital aragonesa cumpla con la obligación de facilitar los datos fiscales del padrón para poder tramitar el cobro de la tasa por depuración que Zaragoza en Común (ZeC) se niega a abonar por considerarla injusta.
El enfrentamiento lleva camino de culebrón. La DGA ya ha hecho varios requerimientos al consistorio para que los facilite y se han mantenido muchas reuniones al respecto, según recordó el consejero en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario popular sobre este asunto en la sesión de control de las Cortes.
Según Gimeno, los técnicos «están de acuerdo» en la necesidad de dar un paso adelante, todavía sin definir. Las represalias podrían evitarse únicamente si el alcalde, Pedro Santisteve, reconsidera su postura y facilita los datos para que el ayuntamiento cumpla la ley.
Catorce millones
El consejero explicó que a finales de este año se van a ingresar gracias a estas tasas 60 millones de euros en derechos reconocidos y 40 en recaudación. Por el momento espera alcanzar el cien 100% de previsión presupuestaria sobre este impuesto.
No obstante el diputado popular Antonio Suárez matizó considerablemente el optimismo de la DGA sobre esta cuestión. Para el portavoz en asuntos de Hacienda no se debería olvidar que a 30 de septiembre la recaudación era de 38,5 millones y que faltaban por ingresar 16,5, de los que precisamente 14 correspondían al Ayuntamiento de Zaragoza.
Los datos del padrón que ZeC se niega a facilitar permitirían girar los recibos a las familias. El coste medio estimado, con una bonificación del 70%, ronda los tres euros por domicilio y mes, aunque depende mucho del consumo. Para Zaragoza este impuesto es innecesario ya que los vecinos de la capital aragonesa ya pagan la depuración del agua en las cargas municipales. Además, denuncian que el origen de este conflicto está en la mala gestión de los gobiernos anteriores con el Instituto Aragonés del Agua (IAA), el organismo encargado del cobro de la tasa.
