Los exalcaldes de Teruel, Miguel Ferrer (PAR), y Lucía Gómez (PSOE), defendieron ayer «tranquilos» ante el juez su actuación cuando estaban al frente del Ayuntamiento de Teruel en relación con el conflicto urbanístico del barrio de Pomecia, según declararon a la agencia Efe.

Ambos acudieron a declarar en calidad de investigados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, que instruye la causa que investiga a varios cargos y técnicos, acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos en el barrio de Pomecia de Teruel.

La dueña de los terrenos acusa a responsables políticos y técnicos municipales de favorecer la ocupación ilegal de sus tierras para dar cabida a las viviendas precarias que se iban construyendo en una zona de Teruel que, andando el tiempo, ha quedado integrada en la ciudad.

En el plano judicial, tras varias suspensiones obligadas por asuntos familiares de uno de los letrados, ayer se retomaron las declaraciones que comenzaron el pasado 20 de febrero, cuando solo pudo declarar el exalcalde Manuel Blasco (PP).

El primero en acudir ayer al juzgado fue Miguel Ferrer, que al salir no quiso hacer declaraciones y al entrar dijo solamente que estaba tranquilo y se remitió a las declaraciones que hizo a los periodistas la primera vez que acudió, cuando tuvieron que suspenderse las declaraciones.

Entonces defendió la complejidad del caso y la buena voluntad de los regidores públicos a la hora de actuar, así como el convencimiento de que era necesario un acuerdo de todos los representantes políticos para encontrar una solución.

Por su parte, la exalcaldesa socialista Lucía Gómez sí que atendió a los periodistas. Dijo que había respondido a todas las preguntas del juez «con tranquilidad» y haciendo un esfuerzo para recordar unos hechos de los que hace más de 10 años.

«En ningún momento se obró intentando perjudicar los intereses de la propietaria de los terrenos ni se actuó por interés personal», subrayó. Señaló que cree que ninguna de las corporaciones ha querido perjudicar los intereses de los propietarios, que fueron, en su opinión, quienes inicialmente cedieron los terrenos en litigio.