Greenpeace y la Fundació per la Pau reclaman al Ministerio de Defensa que siga manteniendo "una postura firme" frente a la empresa de armamento Instalaza, que ha reclamado indemnizaciones por la prohibición de fabricar bombas de racimo. Las organizaciones ecologistas han reclamado al ministro Pedro Morenés --a la sazón, exconsejero delegado de la firma-- que no se pliegue a las exigencias de la empresa, que cuenta con sede en Zaragoza.
La empresa reclamó al Gobierno una indemnización de 40 millones de euros en concepto de "daño emergente y lucro cesante" al asumir España el Tratado internacional contra las bombas de racimo, que la empresa fabricaba. Su reclamación no prosperó y recientemente han recurrido ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que aún no se ha pronunciado al respecto.
El Gobierno desestimó la petición en septiembre del 2011, según publicó Cinco Días, alegando que la prohibición era una norma internacional incorporada a la legislación española y por ello, su cumplimiento no exige ninguna compensación.
Las organizaciones ecologistas, muy activas a la hora de solicitar que España se adhiriera a la Convención Internacional sobre Bombas de Racimo, se felicitaron de que España fuese pionera en deshacerse del arsenal de este tipo de municiones. Estas bombas, según coinciden los países que han firmado el tratado, tienen un carácter indiscriminado, que presenta altos riesgos para la población civil y cuyo uso causa graves daños humanitarios. No solo durante los conflictos, sino por las que quedan diseminadas en campos y caminos de las zonas bombardeadas.
Por todo ello, Greenpeace y la Fundació per la Pau exigen al Gobierno que confirme oficialmente que el Ministerio de Defensa tiene intención de cumplir este tratado internacional, y de no indemnizar a la empresa Instalaza por haber cesado en la producción de este armamento.
