No al abuso de la sanidad pública. Esa es la opinión de la mayoría de los ciudadanos aragoneses, según los datos extraídos del último barómetro realizado por el CIS y publicado hace escasos días. Un 87,28% de los habitantes de la comunidad considera que para asegurar la calidad y el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos, los responsables políticos deben adoptar medidas reguladoras que impidan el abuso en su utilización. Además, en esa línea el 67,15 % de los ciudadanos aragoneses opina que el sistema sanitario, aunque es bueno, necesita cambios que todavía mejoren más la oferta pública.

El Gobierno de Aragón apostó "por la optimización de los recursos con el compromiso de garantizar y consolidar unos servicios sanitarios públicos de calidad", según valoró ayer en un comunicado. Para ello elaboró el plan de las 400 medidas 2012-2015 con el objetivo de mejorar y optimizar el sistema sanitario. Parte de estas ya han visto la luz. Y ejemplo de ello es la puesta en marcha de la compra centralizada de productos, el seguimiento exhaustivo de la programación y citación de los diferentes pacientes, los tiempos de ocupación de los quirófanos gracias a las auditorias internas realizadas en los hospitales, el refuerzo de la inspección médica, la implantación real de la receta electrónica y el fomento de una gran cantidad de fármacos genéricos.

En cuanto a la farmacia, Aragón alcanza cotas de ahorro significativas, ya que en un año ha reducido el gasto alrededor de 65 millones de euros. Además, la comunidad fue la que lideró la lista de las más ahorradoras en este ámbito en junio con un gasto total de 23.214.691 euros, es decir un 29,92 % menos que en el mismo periodo del pasado año, cuando fue de 33.128.328 euros.

Un año después de la aplicación de la medida del pago de recetas en función de la renta del paciente la situación es de plena normalidad, aseguró ayer el Gobierno. En este sentido, siempre ha defendido que en el área de farmacia existía un importante margen de ahorro y que el nuevo sistema que se aplica en función de la renta es estrictamente disuasorio, para evitar de este modo el "abuso", gran empeño del consejero Oliván.

Además, el reintegro que se efectúa a los pacientes cuando se superan los topes previstos fijados se han establecido con una periodicidad de tres meses y de un mes cuando las cantidades acumuladas sean superiores a los 30 euros.