Los abogados del IAM zaragozano tienen cada vez más la sensación de que el Gobierno de Aragón no ha sido honesto con ellos, por decirlo suavemente, en el asunto de la privatización de la asesoría jurídica a las víctimas de malos tratos.
Sus sospechas se basan en dos puntos que han descubierto en el último mes: por un lado, que una empresa privada (que ya colabora con la DGA) lleva buscando abogados para algo similar a este servicio desde febrero, dos meses antes de que a ellos les confirmaran la privatización.
Por otro, que precisamente el mismo día (el pasado 21 de diciembre) que la consejera María Victoria Broto les tranquilizaba sobre la continuidad del servicio, la directora del IAM, Natalia Salvo, acordaba iniciar los trámites de la privatización.
Respecto al primer punto, la empresa Atenzia (que gestiona el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género) ya lanzó en febrero una oferta a través del conocido portal de empleo Infojobs para prestar un servicio extremadamente parecido al que ahora se licita.
Concretamente, buscaban letrados expertos en violencia de género para realizar "guardias localizadas e intervención" para proporcionar "información y orientación jurídica", así como "asistencia y acompañamiento de la víctima".
La oferta era de tres plazas, lo que puede parecer incongruente, dado que el SAM lo prestan, solo en Zaragoza, 52 letrados. Pero no lo es tanto si se tiene en cuenta que el concurso de la DGA habla de 7 plazas: 3 en Zaragoza, 2 en Huesca y 2 en Teruel. Según el coordinador del SAM, Antonio Muñoz, les consta que la empresa ofrece 30 euros por hora, cuando hasta ahora se cobraban 41.
En cuanto a la fecha, la propia Broto y la directora del IAM se reunieron con varios representantes de los colegios de abogados el 21 de diciembre y les aseguraron que prorrogarían su contrato con ellos. Ese mismo día, Salvo iniciaba el expediente de tramitación para el servicio de asesoría jurídica a mujeres, que tras la oportuna fiscalización firmó el 14 de marzo.
