Una empresa gestionará las 90 grandes vallas publicitarias que jalonan Zaragoza y que son propiedad del consistorio de la capital aragonesa. Por ello pagará un canon al ayuntamiento de casi 124.000 euros anuales. Pero, además, la empresa que resulte adjudicataria de este nuevo concurso también deberá hacerse cargo de la retirada de los soportes publicitarios irregulares que se encuentran en la ciudad. Una parte irá a cargo del propio contrato, pero las operaciones restantes serán facturadas al área de Servicios Públicos del ayuntamiento zaragozano.
Las condiciones y pliegos de esta concesión administrativa están ahora en plazo de información pública hasta el próximo 26 de noviembre. El futuro concurso regulará la concesión de la ocupación y el aprovechamiento del dominio público local para la explotación de soportes publicitarios de gran formato. El consistorio heredó las 90 vallas, de 24 metros cuadrados cada una, de la anterior concesionaria Cermusa, que renunció a la concesión y cedió de forma gratuita al ayuntamiento una parte de las carteleras que había adquirido. El resto se procedió a desmontar.
Estas vallas, de ocho metros de longitud por tres de ancho, quedaron incorporadas al patrimonio municipal, como bienes susceptibles de explotación económica. El cálculo del canon ha sido realizado por los servicios municipales tomando como referencia la situación actual del mercado publicitario, es decir, un precio de 300 euros mensuales sin IVA por cartelera procedentes del alquiler del espacio publicitario a terceros. Suponiendo una ocupación del 75% del año, se estiman ingresos para la concesionaria de 2.700 euros por valla.
LOS COSTES
A esta cuantía hay que detraer 1.323 euros en costes, que engloban conceptos como el mantenimiento y la limpieza, la posible producción de publicidad, seguros y beneficio industrial. Es decir, que el canon mínimo que se deberá aportar al consistorio ascendería a 1.377 euros por valla y 123.390 euros por el conjunto de las 90 carteleras. Teniendo en cuenta los seis años para los que está prevista esta concesión, la cuantía mínima que ingresarán las arcas municipales por la cesión de estas vallas ascenderá a 743.580 euros.
Además, el concesionario estará sujeto a otras obligaciones. Para empezar, a realizar como mínimo ocho campañas de información municipal en cinco de los soportes, encargadas por la Dirección de Comunicación del consistorio con una duración de 14 días cada una. Pero, sobre todo, a ejecutar subsidiariamente y a demanda las órdenes municipales de retirada de elementos de publicidad que establezcan los diferentes expedientes sancionadores.
El propio consistorio, de hecho, pone de relieve que en Zaragoza se dan "altos índices de instalaciones de soportes publicitarios, tanto en dominio público como en terrenos públicos que no cuentan con título habilitante".
De este modo, el adjudicatario será el encargado de retirar la publicidad fraudulenta que se encuentre en la capital y realizará anualmente a su costa la retirada de un mínimo de diez carteleras y dos monopostes. Para el resto, tendrá derecho a facturar el servicio, según la oferta que presente al consistorio. La eliminación de la valla infractora deberá realizarse en 72 horas o incluso en 24, si el procedimiento es urgente.
