El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas acordaron ayer la constitución de un grupo de trabajo que evalúe la ley de dependencia y su financiación. La medida se decidió en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia después de que varias comunidades, como Andalucía, Asturias, Aragón y Extremadura, anunciaran antes del encuentro que reclamarían este órgano.
La consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales del Gobierno autonómico, María Victoria Broto, recalcó la necesidad de "tomar medidas para recuperar la atención a las personas dependientes" por mediación de este grupo de trabajo. "Los servicios sociales han sufrido un deterioro y debería existir un compromiso del ministerio en lo que se refiere a la financiación de estos", apuntó.
Broto recordó que en Aragón un 31% de los dependientes que tienen el derecho reconocido todavía no cobran la prestación y que el Gobierno central "tan solo" aporta a la financiación de la dependencia un 19%, "y no un 50% como marca la ley", dijo.
La consejera añadió que las comunidades están preparando los presupuestos para el 2016 y que la partida destinada a dependencia "se fijará en función" de la financiación que llegue del Gobierno de España. Broto también planteó al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, el tema de la acreditación de las personas que atienden a los dependientes, así como el proyecto de futuro para los dependientes moderados.
TALIDOMIDA
Por otro lado, durante la reunión el Gobierno y las comunidades mostraron su reclamación a la farmacéutica Grünenthal Pharma para que indemnice a las víctimas de la talidomida en España, tal y como ha hecho en otros países al margen de las sentencias judiciales.
El 23 de septiembre, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), apoyada por la fiscalía, al entender que la indemnización que reclamaban estaba prescrita.
