El Gobierno de Aragón reiteró hoy que las administraciones públicas, en referencia a las catalanas, deben cumplir y hacer cumplir las sentencias de la Signatura Apostólica del Vaticano, para que se devuelvan a las parroquias oscenses las 113 piezas religiosas depositadas en la diócesis de Lérida.
En una comunicación institucional hecha pública hoy, el ejecutivo aragonés recuerda que la legislación en materia de patrimonio cultural establece que es el derecho canónico el que debe aplicarse en los conflictos sobre los bienes que son propiedad de la Iglesia.
Los poderes públicos y las administraciones deben actuar siempre teniendo en cuenta el respeto al principio de legalidad, que en el ámbito de la propiedad de los bienes eclesiásticos viene marcado por el derecho canónico. En este sentido, añade, que las numerosas sentencias que durante más de una década han señalado al Obispado de Barbastro-Monzón como legítimo propietario de las obras de arte procedentes de las parroquias del Aragón oriental que se encuentran actualmente en el Museo Diocesano de Lérida, "deben ser aceptadas y acatadas por todas las instituciones y administraciones públicas, sin excepción".
La utilización de los bienes culturales como objeto de exposición pública para el disfrute de todos los ciudadanos "no debería nunca violentar la voluntad de su legítimo propietario" que, en el caso de las piezas en litigio, es la Iglesia católica y, en concreto, el Obispado de Barbastro-Monzón.
El Gobierno reitera su apoyo al Obispado de Barbastro-Monzón en la reclamación de unos bienes artísticos que legalmente le pertenecen y recuerda a las instituciones catalanas que deben ajustarse al principio de legalidad y acatar las sentencias dictadas por las máximas autoridades del derecho canónico.
Esta declaración la hace pública el ejecutivo aragonés tras publicarse el domingo, en diarios de Lérida, unas manifestaciones del consejero catalán de cultura, Joan Manuel Tresserras, en las que no descarta a recurrir a la justicia ordinaria en litigio de los bienes, que hasta ahora ha estado circunscrito al ámbito judicial de la Iglesia Católica.
