Sorprende que el Gobierno central desconozca el proyecto de Gran Scala, que en Aragón no solo ha llenado páginas en los medios si no que ha generado declaraciones de todos los líderes políticos. Y la sorpresa no lo es tanto porque sea algo transparente o porque esté en proceso de desarrollo, que ya se ve su parsimonia, sino porque el Gobierno autonómico aragonés ha validado una ley hecha a la medida de tal propuesta. Y no deja de sorprender también que a la petición de información por parte de IU el Ejecutivo tarde ocho meses en contestar "no sé".