El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha desestimado un recurso interpuesto por Ecologistas en Acción para reclamar la anulación de la autorización ambiental integrada concedida a los promotores del proyecto de construcción de una incineradora de biomasa en Monzón (Huesca).
La resolución, firmada por la directora del Inaga, Marta Puente, se hace pública el mismo día en el que el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Monzón tenía previsto tomar declaración como investigados a dos técnicos de este organismo y a otros dos del Ayuntamiento de Monzón por informar favorablemente el proyecto.
La responsable del Inaga señala que la autorización dada tiene la consideración de "acto firme", y se ampara en jurisprudencia del Tribunal Supremo para rechazar el recurso extraordinario de los ecologistas y argumentar que debió de plantearse en la vía administrativa abierta en su momento.
La resolución, recurrible en la vía contencioso-administrativo, razona que la admisión de recursos extraordinarios no justificados atentaría contra el principio de seguridad jurídica al dejar en suspenso "sine die" la firmeza de los actos administrativos.
La empresa promotora del proyecto, Forestalia Renovables, valora, en un comunicado, el cierre de la vía administrativa ante una autorización ambiental considerada "la más estricta y rigurosa de cuantas han dictado los órganos ambientales del país sobre instalaciones del sector".
Añaden los promotores que los más de 150 condicionantes planteados en la autorización garantizan las "nulas afecciones a la salud y al medio ambiente" derivadas de la actividad de la incineradora.
Tras señalar que las nuevas tecnologías aplicadas permitirán reducir en un 99 por ciento las emisiones de partículas, recuerdan que la construcción de la planta exigirá una inversión de 150 millones de euros.
Además, añaden, cuando esté en funcionamiento generará más de 500 empleos, entre directos e indirectos, y destinará en 25 años más de 500 millones de euros a la compra a los agricultores de sus cosechas agroforestales.
Por su parte, Ecologistas en Acción, organización integrada en una plataforma vecinal contraria al proyecto, ha insistido en la peligrosidad de la planta debido a su proximidad al núcleo urbano de Monzón, a menos de 600 metros del primer cordón de casas.
Según los conservacionistas, el proyecto prevé la incineración de 51.000 kilogramos de astillas a la hora (8.000 millones al año) para producir energía suficiente para abastecer a 300.000 personas, pero también la emisión de contaminantes y de 40 a 60 toneladas de partículas en suspensión.
La actividad de la planta, añaden, generaría, asimismo, 2.000 millones de metros cúbicos de humo al año, equivalente a "vaciar el pantano de El Grado y llenarlo cinco veces".
