La diputada de IU en las Cortes, Patricia Luquin, ha urgido hoy la intervención en el precio de la luz ante su repunte histórico y a nacionalizar parte del sector para garantizar la protección de familias, consumidores y usuarios.

Luquin, ante un nuevo récord en el precio de la luz, hasta 92 euros el megavatio hora (MWh) a pesar de la estabilidad del mercado eléctrico, ha denunciado que la liberalización del mercado no ha servido para favorecer a los hogares, sino para que las eléctricas, que a su juicio son "insaciables", obtengan un beneficio "absolutamente pornográfico".

Así, ha acusado a las eléctricas de aprovechar la ola de frío y ha contrapuesto el beneficio de 30.400 millones de euros logrado por las tres empresas más importantes en cinco años con el recibo de la luz, que se ha disparado de una manera "inaceptable", entre el 33 y el 40 % de todos los hogares.

A eso se añade, ha denunciado, los sueldos que cobran los directivos y las "puertas giratorias" de determinados ministros que han acabado en los consejos de administración de las eléctricas.

En su opinión, es urgente que se aborde el artículo 128.2 de la Constitución, que establece que se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y acodar la intervención de empresas cuando lo exigiera el interés general.

Para IU, ha llegado del momento de empezar a plantearse la nacionalización de un sector estratégico como el energético, algo que tienen claro países como Italia o Alemania, teniendo en cuanta además que España es el país de Europa con la electricidad más cara, salvo Malta y Chipre.

Ante esta situación, IU ha presentado una proposición no de ley en las Cortes en la que reclama al Ejecutivo aragonés que defienda los intereses de los consumidores e implemente las ayudas a las familias con necesidades por el aumento del precio de la luz.

También que exija un cambio de marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y comercialización garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado y estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para los familias con bajos ingresos.

IU quiere además que el Gobierno exija la titularidad y gestión de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas, y que reclame un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad en el ámbito doméstico, ya que es del 21 %.

Luquin ha insistido también en que es necesario un nuevo plan energético nacional que apueste por las renovables y reduzca el precio de la energía, y que contemple un instrumento de gestión que permita al Estado recuperar parte del sector eléctrico perdido para garantizar la protección de las familias.

IU ha presentado esta iniciativa en los distintos parlamentos autonómicos, e incluye en el caso de Aragón la necesidad de actualizar el plan energético aragonés 2013-2020, que ha quedado obsoleto e incumplible.