El Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza ha archivado la causa abierta por el pago de 2,1 millones de euros por parte del Ayuntamiento de la capital aragonesa a Auzsa, concesionaria del servicio de transporte urbano de la ciudad.
El juez ha dictado un auto de sobreseimiento provisional de la causa ya que considera que no existen indicios racionales de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, que motivaron la querella de "Somos Sindicalistas" del pasado 17 de diciembre de 2015, según el auto judicial, hecho público hoy.
En la causa, figuraban como denunciados los miembros del anterior gobierno municipal de la ciudad, entre ellos el que fuera alcalde Juan Alberto Belloch, así como otras tres personas del Ayuntamiento, una de ellas el que fuera el jefe de la asesoría jurídica, Luis García-Mercadal, quien precisamente ha sido cesado por el Gobierno municipal (ZeC) hace unos días por su situación de investigado en esta causa.
La querella fue presentada por este sindicato después de que el pleno del Ayuntamiento, celebrado el 5 de junio de 2015, una semana antes del cambio de gobierno, acordara el pago de 2,13 millones de euros a Auzsa por el coste de reducción de plantilla que tuvo que asumir la sociedad.
El magistrado instructor considera en su auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa que puede "considerarse la decisión -de este pago- errónea o equivocada" pero, "en ningún caso, puede considerarse que sea una resolución en donde concurra los requisitos del delito de prevaricación".
El debate jurídico se centró en torno a quién debía asumir el coste extraordinario generado por la reducción de plantilla que Auzsa al producirse una reducción del kilometraje en 2.928.981 kilómetros anuales, pasando de los 21 millones de kilómetros por año a los 18.071.019.
Auzsa entendió que era el Ayuntamiento el que debía asumir el coste de reducción, por lo que reclamó 2.137.155.47 euros, 1.915.783,23 euros por las indemnizaciones a los 153 trabajadores despedidos y 221.372 euros por los trámites de su extinción laboral.
El magistrado explica que existía una "falta de claridad y precisión" en el proceso de licitación de la concesión de este servicio, lo que "causó ambigüedad y oscuridad sobre la entidad que debía abonar los costes".
Por tanto, cree que el acuerdo de abonar los citados costes "no puede considerarse como una decisión esperpéntica en atención a las circunstancias habidas a lo largo del proceso de licitación".
El juez recuerda que el Gobierno municipal aprobó una declaración de lesividad por el acuerdo plenario que dio luz verde a este pago, lo que le permite al Consistorio la presentación de demanda ante el contencioso-administrativo solicitando la anulación del acto lesivo en el plazo de dos meses.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha abonado hasta la fecha 105.501,31 euros a Auzsa y tiene en marcha un programa de pagos hasta el año 2022.
El Gobierno de Zaragoza cesó esta misma semana a García Mercadal como jefe de la asesoría jurídica municipal por su situación de investigado.
García Mercadal, quien será sustituido por Carlos Navarro, declaró el pasado 12 de abril ante el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza.
La querella se presentó, además de contra García Mercadal, contra el interventor del Ayuntamiento, José Ignacio Notivoli, el exalcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch y los miembros de su gobierno municipal Carmen Dueso, Jerónimo Blasco, Lola Ranera, Roberto Fernández y Fernando Gimeno, actual consejero de Economía del gobierno aragonés.
