El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Zaragoza confirmó ayer los peores presagios para el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC): desde ayer ya no podrá hacer efectivo el cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe por el del fallecido José Luis Abós. El auto de la magistrada Concepción Gimeno así lo estipula, dando la razón al PP y manteniendo la suspensión cautelar hasta que se resuelva el proceso en los tribunales, con sentencia, aunque este pueda durar varios años. Punto y seguido a una polémica que comenzó el pasado mes de septiembre cuando aprobó de forma unilateral esta decisión.
La reacción de ZeC no pudo ser más escueta: "El Ayuntamiento de Zaragoza acata el auto dictado por la jueza, que ha estimado necesarias medidas cautelares hasta la resolución definitiva de este asunto tras presentar el PP un recurso pidiendo la paralización del cambio de nombre". En nota de prensa y sin declaraciones del responsable de Deportes, Pablo Híjar. Pero al menos atendieron a la petición de este diario. Desde el PP, igualmente preguntado, ni contestaron.
En el auto, la jueza justifica su decisión asegurando que si finalmente la sentencia determina que la decisión de ZeC es conforme a derecho "el interés público queda garantizado", pero si se aceptara el recurso del PP, la no ejecución inmediata no se observa que "se derive un grave perjuicio al interés público".
Destaca la observación de la magistrada sobre la necesidad de "protegerse los intereses de terceros que pueden resultar afectados". El cambio de nombre, explica, "pretende honrar y distinguir la memoria de un ciudadano" y ese "honor o distinción no puede estar sometido a vaivenes o devenires que lo que pueden conllevar para los afectados sea justamente lo contrario de lo pretendido".
Sobre el interés público de esta decisión dice que es "amplio y difuso" y, siendo la esencia del litigio, "debe tenerse en cuenta el conflicto y la discrepancia que los posibles órganos competentes para la decisión vienen manteniendo públicamente".
