El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha pedido al Gobierno de Aragón que actualice el sistema de concesión de las plazas residenciales públicas a las personas dependientes y que, "de forma periódica e inmediata", se informe de la situación de cada perceptor a efectos de puntuación.
García Vicente, en su sugerencia, expone esta situación tras recibir la queja de una mujer a cuya madre, con 93 puntos y un grado 3 nivel II de dependencia detectado en el 2013, no se le había concedido plaza en una residencia. La afectada criticaba que había gente "con menos puntos" que sí tenían reconocida una plaza. De ahí que que el Justicia haya sugerido a la DGA dicha actualización.
"Somos conscientes de la ingente labor que desarrollan todos los profesionales de la Administración en esta materia, del volumen de trabajo que implica y de las numerosas solicitudes que se formulan. Pero lo cierto es que una mínima información del estado de su pretensión se configura como una demanda habitual y razonable de los ciudadanos que acuden a la institución con esta problemática", explica García Vicente.
El Justicia remarca que no es la primera vez que debe dirigirse al Ejecutivo para pedir algún tipo de actuación. "La institución ha emitido diversas resoluciones ante la existencia de listas de espera para acceder a este tipo de centros, al haberse detectado la deficiente información que se facilita a los interesados sobre su pretensión, estado de tramitación de su expediente, expectativas a corto o largo plazo, sin perjuicio del frustrante silencio administrativo con que se encuentran en muchas ocasiones", dice.
Por otro lado, en cuanto a la situación de la denuncia personal que motivó dicha sugerencia, el Justicia de Aragón pide "que se proceda a la revisión" del caso de la mujer con el objetivo de informarle de la situación de su estado y la forma de acceder a una plaza concertada en el propio centro donde se encuentra, el Virgen del Pilar de Zaragoza.
BUENAS PRÁCTICAS
García Vicente recalca que el caso de esta mujer "pone de manifiesto la complejidad de una tramitación con diversas situaciones, valoraciones y propuestas que se superponen en el tiempo".
Además, el Justicia de Aragón añade que la "vulnerabilidad" del colectivo de personas mayores "exige una especial atención a la hora de supervisar las relaciones entre estos ciudadanos y la Administración, siendo fundamental el respeto al principio de transparencia y a las buenas prácticas" por parte de los organismos competentes en materia de dependencia.
