Hoy se cierra el plazo para presentar alegaciones al anteproyecto de la ley de Servicios Profesionales, que el Gobierno presentó, con "veranidad y alevosía", como bromean los críticos, el pasado 2 de agosto. Una norma que nació --en sus primeros borradores-- con vocación de aumentar la competitividad a base de liberalizar tarifas y difuminar las competencias adjudicadas a cada colectivo. Pero que en el anteproyecto se ha quedado, a juicio de la mayoría de colegios profesionales de Aragón, en un intento de "control" de estas instituciones que consideran una muestra de "hostilidad" hacia ellas.

Por ello ya han presentado sus alegaciones, según explicó el presidente de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón --y decano del de abogados de Zaragoza--, Antonio Morán. El anteproyecto ha aparcado varios de los puntos más polémicos que contenía, como la modificación de las reservas de actividad --lo que cada profesión puede hacer-- de arquitectos y farmacéuticos. Los deja para la futura creación de comisiones que debatan sus competencias. Aún así, el texto que seguirá su trámite parlamentario no acaba de contentar a los profesionales que, según recoge la ley, suponen el 6% de los trabajadores del país y generan el 9% del PIB.

VIGILANCIA Más allá de la filosofía de liberalización, gran parte del anteproyecto se centra en las medidas de control hacia los colegios, algo "incomprensible" para Morán, por ser organismos "independientes" que "no cuestan un euro" al Gobierno --se financian con las cuotas de los colegiados-- y "prestan un servicio al ciudadano".

El supuesto ataque también se ha suavizado, ya que en el primer borrador pretendía directamente la supresión de la mayoría de ellos, hasta reducirlos al ámbito autonómico o, como mucho, provincial. Algo que en el anteproyecto ya no figura.

Sí lo hacen algunas novedades que no han sentado precisamente bien entre los profesionales. Por ejemplo, la creación de una "administración de tutela", como la define Morán --no aparece con ese nombre--, que supone un control, fundamentalmente financiero, de la actividad de los colegios. Si el Gobierno no está contento con el resultado, puede emitir un informe desfavorable que lleve a la disolución de la Junta de Gobierno y asumir la "función pública" del organismo. Se añade así un control al existente hasta ahora, el de los tribunales, "el mismo que tiene el propio Gobierno", destaca el presidente de los colegiados.

Este control económico supone, de facto, una amenaza para los colegios más pequeños, que pueden no tener posibilidades económicas para contratar al personal que se encargue de esta labor de auditoría y contabilidad. "En el fondo, mantienen el espíritu de crear colegios autonómicos", sostiene Morán.

También la capacidad sancionadora de los colegios queda en manos de una comisión, en sustitución de la Junta de Gobierno, que contaría con representantes de la administración y con miembros retirados del ramo.

HONORARIOS Otro punto polémico de la norma es la liberalización de honorarios, ya marcada por la llamada Ley Omnibus de hace siete años. Para Morán, en profesiones como la abogacía hay una peculiaridad que no se contempla. "Si se da la condena en costas, el cliente puede tener que pagar, además de la minuta del abogado, el de la otra parte. Si no tiene una orientación, como la que fija el colegio --aunque sea para consumo interno--, de lo que le puede suponer, ¿cómo va a valorar si le compensa o no el riesgo de ir a juicio?".