Un empleado acusa a su patrón, Tomás M. R., y al presidente de la comarca Cuencas Mineras, José María Merino, de un delito contra los trabajadores y de las lesiones que le dejaron incapacitado permanentemente, al destrozarle la mitad inferior del cuerpo la caída que sufrió en un accidente laboral. Reclama por ello una indemnización de 443.000 euros que deberían abonar entre los dos acusados, la aseguradora y la comarca. La Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre este caso.

El siniestro tuvo lugar el 6 de mayo del 2013, sobre las 12.30, cuando el trabajador participaba en la reparación de una tubería de acometida de agua en el polígono Cuencas Mineras de la localidad de Montalbán. La obra había sido encargada por la comarca a la empresa de Tomás M. R. (autónomo), quien a su vez contrató a la víctima.

Mientras trabajaba, una de las paredes de la zanja (de 6 metros de largo, 1,5 de ancho y otro tanto de profundidad) se derrumbó, y atrapó al obrero. Según recogen los abogados del demandante, Laura Rosa Estrada e Isidro Villanova, la zanja, "a pesar de la humedad existente", no fue apuntalada ni se instaló un sistema preventivo. Tampoco se había habilitado "una vía segura para entrar o salir" de la zanja. Así, quedó atrapado y el accidente se agravó al haber tierra extraída al borde de la sima.

SIN PREVENCIÓN Para el trabajador, el accidente "se pudo haber evitado con la observancia de las normas de prevención de riesgos laborales", una materia en la que no fue formado. Tampoco fueron "evaluados ni analizados los riesgos del terreno", sostiene la acusación, entre otras irregularidades. Parte de ellas, como "el nombramiento de un coordinador de seguridad, la supervisión y la coordinación de actividades", corresponderían a la promotora, en este caso la Comarca Cuencas Mineras.

La falta de prevención fue constatada por el Juzgado de lo Social de Teruel, que sancionó al empleador, aunque según el empleado aún no ha sido atendida. Él tuvo que ser evacuado del lugar en helicóptero, ya que la rotura de la uretra estuvo cerca de ser mortal, por desangramiento.

Quedó incapacitado permanentemente, con 32 años, y ahora reclama indemnizaciones que suman 251.000 euros (más 80.000 de intereses) y penas de 9 meses de cárcel y multa para el promotor de la obra y su contratista.