La oposición pide una solución a la situación irregular de la licitación del 010

Un informe, facilitado a los medios por el PP, en el que los máximos responsables de ambos servicios recogen asimismo las dos posibilidades que tiene el equipo de gobierno como es o renunciar al proceso, de acuerdo con la normativa aplicable, o continuar con la convocatoria de licitación.

Este documento responde a las solicitudes planteadas por los grupos del PP, PSOE y Ciudadanos, como los efectos jurídicos de una indicación verbal sobre la necesidad de paralizar el expediente, las consecuencias jurídicas de un eventual incumplimiento de los plazos del procedimiento de contratación o las posibilidades para proceder a una prestación contractual normalizada.

También se pronuncia sobre los efectos sobre el acuerdo de internalización del servicio de información 010 derivados de la existencia previa de un procedimiento de contratación sobre el mismo servicio abierto.

Según el informe, la renuncia a la celebración del contrato o el desestimiento solo podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación y en ambos supuestos se compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido.

No obstante advierte que solo se podrá renunciar a un nuevo contrato "por razones de interés público debidamente justificadas" y que si se opta por esta vía "no podrá promoverse una nueva licitación" mientras subsistan las razones alegadas para el desestimiento.

En respuesta a lo solicitado por dichos grupos, se hace constar que se ha excedido el plazo de adjudicación sin justificación alguna y que la indicación verbal para suspenderlo "no tiene efecto jurídico ni administrativo alguno" porque la decisión debería adoptarse por el órgano competente, previa tramitación del oportuno expediente.

Concluye que no pueden existir dos acuerdos o situaciones contradictorias, por lo que o se continúa con el procedimiento y se resuelve o se renuncia, al tiempo que advierte que el auto de suspensión de la municipalización no paraliza el acuerdo de convocatoria de licitación, que "sigue vivo".

"Lo único que no puede hacer el Gobierno es lo que está haciendo ahora, nada", ha advertido el portavoz del PP, Jorge Azcón, en una rueda de prensa en la que ha lamentado que es la "tercera vez que el Gobierno recibe un varapalo jurídico", primero un informe del interventor, luego del juzgado, y el tercero del secretario general.

Azcón, tras relatar distintos aspectos del informe, le ha pedido a ZeC que si le preocupa la situación de las trabajadoras "debería proceder a la adjudicación" para darles tranquilidad.

Por su parte, la concejala socialista Marta Aparicio ha incidido en los dos años de retraso para resolver la licitación "sin justificación" y ha apuntado que, en el caso de renuncia, además de demostrarse el interés público, hay que notificarlo a los licitadores, "no vale con dejarlo encima de la mesa, que es lo que parece que ha hecho el Gobierno", ha indicado.

Aparicio también considera que la municipalización que pretende ZeC "no es excusa para decidir si se renuncia al proceso o continúa" porque "el gobierno no puede hacer lo que quiere".

Dado que según el informe "el Gobierno ha actuado mal porque no ha cumplido con el procedimiento administrativo", Aparicio le ha instado a "tomar una decisión pero, sea la que sea, que se haga conforme al procedimiento".

"Si creen que hay razón de peso para renunciar que lo hagan y si no que lo liciten", ha concluido.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha coincidido con los otros dos grupos en que se ha pasado el plazo para abrir los sobres de las ofertas, pero no se ha renunciado al proceso, por lo que se encuentra "en situación irregular porque se dio una orden oral para paralizarlo".

A juicio de Fernández, ahora quedan dos posibilidades o seguir adelante con el procedimiento y abrir los sobres con las ofertas o finalizar la licitación, por lo que ha urgido al Gobierno de Zaragoza en Común a tomar una decisión.