Podemos, CHA e IU trasladarán a las Cortes de Aragón las reivindicaciones de la Plataforma Salud Universal para la aplicación del derecho universal a la salud y del artículo 14 del Estatuto de Autonomía, dadas las deficiencias que hacen que no exista.

Con ese objetivo presentarán de forma conjunta una proposición no de ley para su debate y votación en el Pleno del próximo jueves, según han avanzado en una nota de prensa.

La Plataforma Salud Universal (PSU) se constituyó como respuesta ciudadana al Real Decreto de 2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y por el que 873.000 tarjetas de personas extranjeras residentes en España fueron dadas de baja al entrar en vigor, de ellas 30.000 en Aragón, según el Instituto Nacional de Estadística.

Así, asumiendo las reivindicaciones de la PSU y desde la defensa del derecho a la Sanidad Universal, Podemos, CHA e IU reclaman elevar la instrucción del 7 de agosto de 2015 por la que se regula el acceso a la asistencia sanitaria en Aragón para las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes ni cobertura de asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud a rango de decreto de manera inmediata, contemplando una serie de mejoras que garanticen el derecho a la salud.

Entre ellas, señala Itxaso Cabrera, portavoz de Sanidad de Podemos Aragón, que se elimine el requisito de tres meses de antigüedad en el empadronamiento, que no sea necesario tener la condición de extranjero no registrado ni autorizado a residir en España y que se omitan criterios económicos, como ya ocurre en otras comunidades autónomas.

Para Cabrera, es indudable que "la universalidad en el acceso al sistema sanitario debe ser independiente de la situación administrativa y nacionalidad de las personas".

Carmen Martínez, portavoz de CHA en la Comisión de Sanidad, considera necesaria esta modificación porque la salud es uno de los derechos más elementales.

"Queremos un sistema sanitario aragonés adecuado a nuestro país, de cobertura universal, sin exclusiones, que garantice una prestación de calidad y accesible, definido por las características de nuestra población y nuestra singularidad territorial, añade Martínez.

Por su parte, la diputada de IU, Patricia Luquin, subraya que ese real decreto "ha supuesto una quiebra social importantísima, ya que con su aplicación la salud dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio y un negocio para muchos".

En la iniciativa propone además que se contemplen los casos de excepción que aun así pudieran quedar fuera (personas sin empadronar o sin identificación), incluyendo cláusulas de flexibilidad que garanticen su acceso al sistema sanitario y se solucionen los problemas planteados por las personas que no pueden conseguir el "documento de no exportación" del derecho de asistencia sanitaria desde el país de origen.