Las preguntas que el presidente del PP en la comunidad, Luis María Beamonte, le realiza al presidente de la DGA, Javier Lambán, durante la sesión de control parlamentaria que tiene lugar cada quince días versan de forma reiterada sobre el mismo tema: la política fiscal. En esta ocasión el popular aludió a la posible reforma del impuesto de Sucesiones para cargar contra el «desconcierto político en el que se ha instalado la acción del Gobierno».
Beamonte consideró un «sainete» la forma en la que se gestó la pasada semana el acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para rebajar el umbral por el que las familias deben pagar el tributo. Además denunció que había «despreciado» al resto de formaciones, provocando, incluso, una severa crisis dentro de la DGA. «Actúa haciéndose hueco, a golpe de codazo, en función de las encuestas», señaló.
El líder popular, que llegó a realizar un nuevo ofrecimiento de diálogo pidió «franqueza y humildad» por parte de Lambán para recuperar políticas «que beneficien al interés general». El socialista recogió el guante y confió en que la modificación de Sucesiones pueda salir adelante.
De forma coordinada, el resto de portavoces por área del PP también hicieron referencia a custiones relacionadas con la consejería de Hacienda. Todos ellos inquirieron sobre cómo afectará el previsible ajuste de 25 millones de euros que el consejero Fernando Gimeno deberá aplicar en sus cuentas por no haber cumplido el objetivo de déficit, fijado en un 0,6% del PIB y que en la comunidad fue del 0,92%. En total fueron ocho preguntas.
Gimeno, y por extensión el resto de consejeros, defendieron que la retención de 25 millones no afectará «ni a la inversión ni a los servicios sociales». Además, expresó que hasta el mes de julio, que será cuando haya acabado la negociación con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) del plan de ajuste autonómico, no se podrá conocer de forma exacta la repercusión de la retención en los diferentes departamentos.
