El grupo del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza propondrá mañana con motivo de la reunión del Consejo de Administración de Ecociudad elevar a la Fiscalía los supuestos delitos que un informe del letrado asesor de la sociedad achaca a la gestión de Zaragoza en Común.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa la concejal del PP María Navarro, quien recuerda que es obligación de notificar a la Fiscalía cuando se tiene conocimiento de un delito y que en este caso podrían ascender hasta cinco: prevaricación, falsedad, ocultación de documentos, denuncia falsa y acoso.

Delitos que supuestamente habrían cometido el alcalde, Pedro Santisteve, y los consejeros de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, y Medioambiente y Movilidad, Teresa Artigas, cuando eran consejeros de Ecociudad.

"No podemos mirar para otro lado cuando este informe dice lo que dice" ha advertido Navarro quien ha informado de que su grupo sigue estudiando el informe en relación con posibles acciones penales que pudieran derivarse del mismo, según informan fuentes del PP en una nota de prensa.

Navarro ha recordado que la petición del informe fue acordada en la comisión de investigación por una amplia mayoría política en la que todos los grupos de la oposición votaron a favor y Zaragoza en Común se abstuvo.

La actual presidenta de Ecociudad ha apuntado que fue Santisteve quien inició un expediente de información reservada y acudió a la fiscalía imputando la comisión de algunos delitos a trabajadores de la sociedad.

Por eso, ha planteado que se respete la "presunción de inocencia de todo el mundo", pero también la "separación de poderes".

María Navarro ha cuestionado la reacción de ZeC hablando de informes de parte. "No vamos a entrar a juzgar si los informes de unos y otros son de parte, para el PP igual de solvente puede ser un informe de un técnico municipal que de un asesor de una sociedad", que, en este caso, ha recordado que fue contratado por ZeC.

La edil del PP ha apuntado que ahora "serán la Fiscalía y los jueces quienes decidan, pero los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza tenemos la obligación de actuar con firmeza y poner en conocimiento de la justicia las graves conclusiones a las que llega el informe del letrado asesor".