Contra pronóstico, la denuncia del sindicato Manos Limpias contra uno de los secretarios judiciales que intervinieron en la instrucción de la operación Molinos, Francisco S. M., ha prosperado. La jueza María Teresa Puchol, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Almunia, ha admitido a trámite la querella, previo pago de 3.000 euros por parte de los denunciantes, y en breve está previsto que tome declaración al antiguo secretario que ejercía en el juzgado de su colega Alfredo Lajusticia, el número 1 de la población.

Manos Limpias interpuso la querella por nada menos que siete delitos, al considerar que Francisco S. M. no debió ocupar el cargo porque no había ganado la plaza para ello. Además le acusa de parcialidad por su "notoria" vinculación sindical. Incluso apuntan una posible falsedad en algunas de sus firmas en las providencias. Durante el año que permaneció como secretario del juzgado se desarrollaron algunas pesquisas clave de la operación Molinos como escuchas telefónicas, registros y detenciones.

Con todas las precauciones, dado lo incipiente del proceso judicial, la decisión podría ser trascendental para el futuro de un caso, iniciado hace más de siete años, con 45 imputados --con la exalcaldesa Mariví Pinilla a la cabeza--, que suman 183 delitos y un horizonte penal de entre 200 y 700 años de prisión. Si la labor del secretario quedara en entredicho con una condena, podría suponer la nulidad de parte o todo el proceso, que sigue con la instrucción cerrada pero sin fecha confirmada de juicio. Como mínimo, podría retrasarla.

El sindicato Manos Limpias, según confirmó su secretario general, Miguel Bernad, tuvo que abonar 3.000 euros para interponer esta querella, tras ser rechazado su recurso contra ella por desproporcionada. El caso fue derivado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza al de La Almunia, que al parecer se ha quedado con la competencia territorial para evaluarlo.

Entre los motivos de la querella, Manos Limpias señalaban que el secretario se incorporó al juzgado tras estudiar Derecho en la UNED, "sin haberse presentado a las convocatorias oficiales y obtenido plaza, requisito fundamental para ejercer esta alta responsabilidad dentro del organigrama judicial tal y como está regulado en el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales".