El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado la enmienda a la totalidad de devolución, presentada por Chunta Aragonesista (CHA), al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad autónoma, que ha contado con el apoyo del grupo proponente, del Partido Socialista (PSOE) y de Izquierda Unida (IU), que han sumado 29 votos, y ha sido rechazada por los 35 votos en contra de Partido Popular (PP) y Partido Aragonés (PAR).
El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, ha defendido el proyecto de ley porque permite "ejercer la política fiscal para modular la actividad económica" y pretende "contribuir a mantener y crear empleo" y a facilitar la "recuperación económica".
Según ha precisado, la ley incluye 56 medidas, de las que 28, el 50 por ciento, son fiscales, divididas entre las medidas relativas a impuestos y tributos y las de tasas de la Comunidad autónoma, y las otras 28 son medidas administrativas.
El diputado de CHA encargado de defender la enmienda a la totalidad, José Luis Soro, ha manifestado que el proyecto legislativo incluya la modificación "de 36 leyes" de la Comunidad autónoma y lo haga "de tapadillo", para criticar al consejero por dedicarle "20 segundos de su intervención a esta cuestión".
Soro ha reconocido que este procedimiento es constitucional, pero también "es rechazable, desde el punto de vista político, esta forma de actuar", cuando la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, "dijo que iba a convertir este Parlamento en el centro de la vida política aragonesa", si bien "lo están convirtiendo en los aledaños, la periferia".
El diputado ha lamentado la "falta de respeto al Parlamento" que supone modificar esas 36 leyes "sin debate", una práctica que "no se utilizaba hace años" y algo que "no se debe hacer en una democracia donde funciona la separación de poderes", por lo que, desde CHA, "no vamos a ser cómplices de esta forma legislar y de esta falta de respeto del Gobierno".
FALTA DE CONSISTENCIA
El diputado del PP, Jorge Garasa, ha opinado que los argumentos dados por Soro "no tienen validez consistente para tal enmienda", que supone dilatar "conscientemente su tramitación" y "hacer sufrir un retraso" al proyecto de ley, cuando esta norma tiene "la máxima seguridad y garantía jurídica".
Al respecto, ha señalado que hay "numerosa doctrina del Tribunal Constitucional" que permite esta práctica, y ha explicado que el objetivo es que las leyes que se modifican "se adecúen a la realidad socioeconómica", buscando "la eficiencia máxima" en la gestión.
Además, ha querido mencionar algunas de las medidas que del proyecto de ley, como programas de incentivos fiscales desde 2013, el fomento a "la inversión empresarial y al mantenimiento y creación de empleo", así como "medidas novedosas" como la bonificación en la cuota del impuesto de transmisiones patrimoniales.
También recoge medidas para la protección de la familia en el ámbito fiscal y deducciones a jóvenes que adquieran una vivienda en un núcleo rural de pequeñas dimensiones y contempla "rebaja el impuesto de sucesiones y donaciones" para que "en 2015 esté exento el cien por cien".
La diputada del PSOE, Ana Fernández, ha precisado que "en este Parlamento estamos para algo y para mucho más, para debatir las leyes y sus modificaciones" y por eso ha considerado que "no pasaría nada" porque las modificaciones legislativas "vinieran posteriormente" para disponer del "tiempo suficiente para el debate y poder aportar propuestas a todas esas materias".
Asimismo, ha apuntado que su grupo no está de acuerdo en suprimir el impuesto medioambiental a los tendidos, y tampoco apoya otras modificaciones de impuestos, como "suprimir de forma gradual el impuesto de sucesiones y donaciones", así como reducir la tasa que grava el bingo.
MEDIDAS POTENTES
El diputado del PAR, Antonio Ruspira, ha sostenido que este proyecto de ley reúne un "programa potente de medidas fiscales" para favorecer "a empresarios y emprendedores, ayudar a pequeñas y medianas empresas y poner en valor los recursos del medio rural", elaborado y presentado tras una "negociación constructiva" entre los socios de gobierno, PP y PAR, que reúne medidas "innovadoras" y que pretende "responder a las necesidades de Aragón y los aragoneses en la actual coyuntura económica".
Por eso, ha deseado que cuando se apruebe sirva para "ayuda a paliar los efectos de la crisis", fomentar la inversión empresarial y el mantenimiento y creación de empleo, optimizar los recursos económicos de los sectores privado y público y simplificar los trámites administrativos.
A su entender, "a nadie se le ha hurtado el debate" porque ya se han presentado más de 400 enmiendas parciales al proyecto de ley, mientras que "si hubiéramos hecho" las modificaciones "proyecto a proyecto", "nos hubiera paralizado 24 meses", cuando la Comunidad autónoma requiere ahora "rapidez" para "poner en marcha medidas que no se han hecho hasta ahora".
El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha criticado que el Gobierno "utilice un cajón desastre, una ley ómnibus, para hurtar el verdadero debate a esta Cámara y legislar por la puerta de atrás" y si bien es constitucional, "no es obligatorio", sino que "depende de la voluntad de debatir o del 'ordeno y mando' del Gobierno". Para el parlamentario, este modo de actuar "no es transparente", sino un "debate encorsetado" para modificar 36 leyes "en temas importantes".
