La judicatura zaragozana se rebeló ayer abiertamente contra la última propuesta conocida de la dirección general de Justicia de la DGA, que consistiría en eliminar uno de los actuales juzgados de Instrucción de la capital aragonesa, el número 12, para crear uno de los dos nuevos de Primera Instancia que propuso el Ministerio de Justicia antes del verano. Tanto las juntas de jueces de ambas jurisdicciones celebradas ayer, como las asociaciones judiciales y los sindicatos mostraron ayer su absoluto rechazo a la medida.

La polémica deriva de la decisión del ministerio de crear varios órganos y plazas judiciales en toda España, de las cuales a Aragón le corresponderían dos nuevos juzgados de Primera Instancia en Zaragoza (el que sería el 22, de Familia, y el 23) y una plaza de magistrado de lo Penal en la Audiencia Provincial de Zaragoza, que iría para la Sección Sexta, la única que actualmente tiene tres, no cuatro.

El plan, según fuentes jurídicas consultadas, contó con el beneplácito del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Pero aquí entra la cuestión económica que subyace en el conflicto, porque la DGA, que al fin y al cabo es la que paga en la creación de nuevos juzgados (salvo el sueldo del juez y el secretario judicial), se avino a financiar el juzgado de Familia, e invertir la segunda unidad en la plaza de la audiencia (que paga el Estado). Pero si se quiere otro Primera Instancia, habría que transformar uno de Instrucción.

Fuentes de la dirección general expusieron que «el dinero público es limitado», y esgrimieron los datos de cargas de trabajo del propio ministerio, según los cuales los juzgados de Instrucción están al 40% de la carga que pueden soportar, mientras los de Primera Instancia alcanzan el 160% e incluso el 200%.

Pero los titulares de ambas jurisdicciones, con apoyo del juez decano Roberto Esteban -para quien la DGA «juega con las cifras»- consideran que no se puede tomar como criterio la entrada de asuntos, pues con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 2015, los asuntos sin autor conocido no llegan al juzgado. Pero cuando lo hacían apenas suponían trabajo (se archivaban), por lo que la reducción de trabajo no ha sido tal. Sin embargo, la tasa de litigiosidad (asuntos por juez) es igual o superior a otras ciudades, lo que no justificaría la medida.