El ayuntamiento de Zaragoza negociará con la propiedad de la sociedad deportiva Tirón Pichón el abono de los 7,3 millones de euros que una sentencia del Tribunal Supremo le obliga a pagar por la expropiación de unos 12.000 metros cuadrados para el plan de riberas ejecutado con motivo de la Expo 2008.
En cualquier caso, el consistorio no detraerá dinero para pagar la sentencia, contra la que no cabe recurso, ni de servicios sociales, ni de emergencia social, ni de la atención a los servicios públicos, ha explicado a los medios de comunicación el alcalde, Pedro Santisteve, tras participar en la cuestión contra el cáncer.
"Es un golpe bajo más de los tribunales que llega en un mal momento por la situación económica del ayuntamiento", ha reconocido el primer edil, quien ha incidido en que este tipo de "desgracias financieras" no van a ser un menoscabo para el esfuerzo del gobierno municipal en atender la dotación adecuada de servicios públicos de calidad para todos los zaragozanos.
Por ello, ha explicado que si el Fondo de Inversión al que el Ayuntamiento acudió el año pasado no acoge el pago de esta sentencia "habrá un problema serio que habrá que negociar con la propiedad", para ver de dónde se sacan los recursos para hacer efectivo el pago.
Santisteve ha recordado que la sentencia del Supremo, que eleva de 2,3 a 9,6 millones de euros el valor de la expropiación que en 2007 llevó a cabo el Ayuntamiento sobre unos terrenos del Club Tiro Pichón del barrio La Almozara para el Plan de Riberas, cierra la vía judicial, si bien ha añadido que, por lo general, este tipo de sentencia suelen ser "confirmatorias para el interés público".
En este caso, ha agregado, "sorprendentemente ha sido desestimatoria", ya que anula un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que había ratificado el acuerdo del Jurado de Expropiación Forzosa de Zaragoza, de 26 de abril de 2011, que fijó en 2.348.467,86 euros el precio de los citados terrenos.
El alcalde ha apuntado que la sentencia del Supremo alude a errores en la valoración del vocal del jurado y ha resaltado que el problema son unos criterios complejos de tasación en materia de justiprecio y expropiación en los que se aplican criterios de edificabilidad que el jurado no aplicó en un primer momento.
"Eso quiere decir que si está valorado el precio del metro cuadrado en 187 euros se dispara a 772 que era lo que planteaba la propiedad", ha recordado Santisteve, quien ha reconocido que les "choca" que en una zona verde y se apliquen unos criterios de edificabilidad.
Además, ha señalado que quiere averiguar las razones por las que no se personó el Abogado del Estado en el juicio dado que en este tipo de asuntos, aunque el Ayuntamiento estaba representado por su equipo jurídico, el interés público "tiene que ser apoyado también desde la Abogacía del Estado".
