El terrorista de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), Fernando Silva Sande, está más cerca de convertirse en el tercer sujeto sometido a la conocida como prueba de la verdad, el test P-300 que tratará de buscar respuestas cerebrales ante las imágenes o frases de los lugares donde pudo haber enterrado al industrial zaragozano Publio Cordón, al que confesó haber inhumado para luego pedir rescate por él. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha autorizado la práctica de la prueba, siempre que se someta a ella voluntariamente, como en el caso del segundo paciente, Miguel Carcaño.
Como publicó Heraldo, el juez ha puesto una segunda condición a la prueba, que la costee la familia de Cordón. Su viuda y presidenta del grupo Quirón, Pilar Muro, mostró su disposición a pagarla. Tampoco parece que vaya a haber problemas en cuanto al consentimiento de Silva Sande, que lleva años colaborando con la Justicia. Pese a lo cual aún no ha habido éxito en el hallazgo del cadáver en el Mont Ventoux francés.
Según aseguró ayer el que será el encargado de dirigir la prueba, el doctor José Ramón Valdizán, aún no le han notificado nada oficialmente sobre la práctica de la prueba. Se mostró de acuerdo con que se pague si la familia, como es el caso, tiene posibles, aunque aclaró que él no ha percibido ni percibirá nada, ya que su ánimo es solo "colaborar con la Justicia".
Por eso mismo, según indicó, ha rechazado varias solicitudes privadas --algunas de abogados-- que se han puesto en contacto con él para interesarse por la práctica de la prueba. Las ha derivado a la Jefatura Superior de Policía de Aragón, siempre que su caso estuviese judicializado.
El doctor volvió a mostrarse partidario de esperar a que las dos pruebas practicadas --para el crimen de Ricla y el caso de Marta del Castillo-- den resultados antes de seguir con el test.
