El Tribunal Supremo ha dado por cerrado definitivamente el recorrido judicial del caso del Edificio las Estrellas de Valdefierro, en perpetuo hundimiento por la dolina sobre la que se construyó. El Alto Tribunal ha inadmitido el recurso de la constructora Ángel Pallás contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), y con él, el del resto de vecinos que pidieron poder recurrir también. Y así prevalece el fallo que limitaba la responsabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza al 20% de la indemnización, para consternación de muchos afectados.

La decisión del Supremo es en realidad una cuestión netamente jurídica, una cuestión de plazos. El letrado de la constructora, Jesús García Huici, consideró que contando la fecha de la notificación aún estaba a tiempo de recurrir cuando lo hizo, pese a que la última modificación legal parecía prohibirlo. Varios de los afectados reclamaron que, al menos, se les dejara también recurrir, porque si no lo habían hecho era porque creían que no se podia. Y el Alto Tribunal ha inadmitido el recurso certificando que, en efecto, la sentencia ya era firme, pese a que el TSJA se la enviara, y los recurrentes pagarán costas de entre 1.000 (la constructora) y 500 euros.

CUANTÍA POR FIJAR

Ahora el asunto del hundimiento del edificio recorrerá el camino inverso, al TSJA y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, para que se determinen con precisión las cantidades que deberán recibir los afectados, en principio más de 30 millones de euros. La mala noticia para varios de ellos es que el TSJA limitó la responsabilidad del ayuntamiento al 20% de los daños, y su parte llega además compartida por la constructora.

Entre los que deberían pagar por la desastrosa construcción figuran los arquitectos Rafael Barnola, Miguel Ángel Aznar, Antonio Salvatella y su empresa Aznar Salvatella; el promotor, Construcciones Ángel Pallás y las aseguradoras Zúrich y Asemas. Pero estas se limitan a su póliza, y el resto o están en delicada situación económica o pueden estarlo entrando en concurso de acreedores personal. Con lo cual la única parte solvente sería el Ayuntamiento de Zaragoza, al que el TSJA rebajó la parte de culpa.

La jueza, en la sentencia original, había dictaminado que cada cual pagaría a quienes le habían demandado (los vecinos representados por Santiago Palazón, por ejemplo, solo fueron contra el consistorio para asegurar la solvencia), pero lo harían de forma solidaria, entre todos.

Pero el TSJA consideró que «la acción del ayuntamiento no es originaria y por iniciativa suya», sino a instancias de los promotores, y calculó -sin detallar cómo- que le correspondía una quinta parte del desaguisado.