El Ayuntamiento de Zaragoza anunció ayer que los tribunales están suspendiendo los procedimientos abiertos sobre el impuesto de las plusvalías. Lo hacen a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre el artículo de la Ley de Haciendas Locales cuestionado en una demanda interpuesta contra la Norma Foral de Guipúzcoa que declaraba anticonstitucional esta tasa que grava el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Según informó ayer el concejal de Economía, Fernando Rivarés, durante la comisión de su área, «se han paralizado todos los procedimientos» que actualmente están en marcha. Según se alega en las providencias del Contencioso Administrativo, las vistas se están suspendiendo «hasta que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos 107 y concordantes con la Ley de Haciendas Locales».

Hasta el pasado 8 de febrero, de las 68 sentencias firmes presentadas por afectados por una presunta minusvalía en la capital aragonesa, 41 han resultado favorables para el consistorio.

Rivarés quiso dejar claro que con la escritura del piso no se puede demostrar que haya habido una pérdida en la compra-venta del inmueble, ya que afecta al valor catastral del suelo.

El concejal explicó, a pregunta de la portavoz en Economía del PP, María Navarro, que no es posible saber a qué importe se enfrentaría el ayuntamiento en caso de que se declarara inconstitucional este artículo de la ley, afectando a todas las administraciones locales. «Habría que demostrar que el valor del suelo ha cambiado», insistió Rivarés. En caso de que fuera gravoso para el ayuntamiento, anunció que hay varias ciudades dispuestas a pedir «una compensación económica» al Estado.

La plusvalía es el segundo impuesto de recaudación más importante para las arcas públicas, solo superada entre los tributos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El año pasado los ingresos por esta tasa fueron de 78,5 millones.

Desde el área de Economía explicaron que la revisión catastral realizada por el Ministerio de Hacienda en el 2012, que se aplicó un año más tarde en la capital aragonesa, fijó los valores en torno al 50% del valor del incremento del suelo, por lo que muchos se vieron incrementados con respecto a los que existía antes de la modificación. En paralelo, el precio de muchos inmuebles descendió como consecuencia de la crisis económica.

El consistorio bonifica esta tasa en caso de que se trate de vivienda habitual y una herencia de un familiar directo.