El mantenimiento y explotación del mobiliario urbano, que incluye marquesinas y mupis publicitarios pero también fuentes y bancos, se ha convertido en un callejón sin salida tanto para el Ayuntamiento de Zaragoza como para su concesionaria, JCDecaux. El problema es que la crisis del sector publicitario, y la caída de ventas de los últimos cinco años, han propiciado que este mal endémico acabe afectando a las arcas municipales. Concretamente con la pérdida de los 1,4 millones de euros de ingresos que representaba el canon anual que la multinacional francesa abonaba desde el año 2000, que por primera vez este año se ha dejado de percibir y que el año que viene ni siquiera se contempla en los presupuestos de la ciudad.
El motivo de esta situación parte de finales del 2013, cuando el contrato con la firma gala concluyó y se decidió acudir a una prórroga porque la crisis y las condiciones leoninas que se fijaron en el 2000 suponen una losa demasiado pesada que asumir. De manera que un concurso público en estas circunstancias acabaría desierto con total seguridad.
UN PESADO LASTRE
Todo porque se decidió incluir en los pliegos de condiciones de la última licitación la posibilidad de que todo el mobiliario que JCDecaux pusiera en Zaragoza podría llevárselo cuando concluyera su relación contractual con el consistorio. Una ventaja para la empresa en épocas de bonanza y un lastre en una situación de crisis como la actual, ya que a la concesionaria le cuesta más caro desmontar los más de mil enseres que tiene repartidos por la ciudad que seguir asumiendo su mantenimiento e intentar colocar en sus soportes alguna campaña de publicidad. De hecho, desde el 2009 lleva manifestando y negociando con el ayuntamiento su voluntad de marcharse de la capital aragonesa. No le sale a cuenta prolongar esta situación.
Aunque al menos llegó a un acuerdo con el Gobierno municipal para que no tuviera que pagar los 1,4 millones de canon que estaba obligado a satisfacer antes de la prórroga. Y, de hecho, tampoco tenía escapatoria, ya que la Ley de Contratos del Sector Público le obliga a mantener el servicio prestado, más allá de lo que dure su contrato, mientras no aparezca un adjudicatario nuevo.
Y en eso está el consistorio desde hace casi dos años, ya que esta situación también supone un lastre para el consistorio y no solo por la pérdida de ingresos, sino porque el derecho de JCDecaux a quedarse con esos mil enseres obligaría a cualquier empresa interesada en asumir este servicio a realizar un desembolso inicial de unos 4 o 5 millones de euros al comienzo. Para comprar los que ya existen o para adquirir nuevas marquesinas, mupis y demás mobiliario urbano. Un hándicap insalvable para atraer a cualquier inversor.
La alternativa que nunca se ha puesto sobre la mesa es la de que el consistorio fuera, en el nuevo contrato, el propietario de todos esos elementos que pueblan las calles y plazas de la ciudad; quizá ni siquiera asumiendo ese desembolso inicial sino ofreciendo la posibilidad a los licitadores de financiar ese coste a cambio del canon anual. Es decir, seguir con una situación como la de este año o la que se espera para el 2015 a cambio de que en unos años este mobiliario pasará a sus manos. Pero nadie da el paso.
