La quinta sesión de la maratoniana comisión de investigación sobre Ecociudad comenzó con la presentación por parte de Zaragoza en Común (ZeC) de un nuevo informe de la asesoría jurídica. Esto documento fue solicitado por la vicepresidenta de la sociedad, Teresa Artigas, el pasado viernes, después de las comparecencias del gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía, y del asesor jurídico de la sociedad, José Antonio Sanz. El primero declaró que su homólogo en Ecociudad, Miguel Ángel Portero, no tenía competencias para autorizar el cambio del total de las mejoras propuestas por Drace, valoradas en 211.000 euros. El segundo, todo lo contrario. Es por esta «contradicción» por lo que Artigas optó por solicitar a la asesoría jurídica un informe que dilucidara quién tenía razón.

El documento se basa en el artículo 51 de la Ley de Contratos del Sector Público que dice que es el órgano de contratación, es decir, el consejo de administración, el que tiene las competencias para aprobar la sustitución de las mejoras. En este caso, añade que no es que se altere «alguna» de las propuestas, sino «todas ellas en su conjunto», por lo que se está procediendo a «modificar el contrato». Solo en el caso de que el consejo de administración hubiera «delegado» esta competencia en ee gerente, este podría haberlo hecho, algo que, dice «es inexistente o desconocido».

Según Artigas, los responsables de permitir que Portero asumiera esta competencia fueron el presidente y videpresidente de la sociedad entonces: el exalcalde Juan Alberto Belloch y el concejal socialista Carlos Pérez Anadón, respectivamente. Por ello, el vocal de ZeC en la comisión, Alberto Cubero, solicitó su comparecencia, algo que no sucederá porque ya se ha cerrado el calendario.

El momento de la redacción del informe, firmado por el jefe de la asesoría jurídica, Carlos Navarro, con fecha 8 de mayo, fue criticado por la oposición, especialmente por el PSOE, cuya portavoz, Lola Ranera, compareció ante los medios para cuestionar su intencionalidad. Ranera, que críticó que está hecho «ad doc», cuestionó por qué ZeC no lo había solicitado previamente, sino en mitad de una comisión. «Podía haber llegado el 20 de octubre del 2015», señaló, fecha en la que se dio parte de las modificaciones alcanzadas -que no aprobar- acompañada de un informe del asesor jurídico independiente, José Antonio Sanz, que, según Artigas, «fue nombrado a dedo».

DUDAS / Ranera puso en duda que el alcalde, Pedro Santisteve, también decida invitar a Navarro a que firme su jubilación como hizo con Portero ya que, según Ranera, en las próximas fechas cumplirá 65 años. El resto de formaciones también cuestionaron la intencionalidad del informe por parte de ZeC. En paralelo, Artigas, que calificó de «circo» la investigación porque solo estudia su gestión desde la llegada de Santisteve a la alcaldía, admitió durante su comparecencia que solicitó a Abadía que redactara una auditoría sobre el funcionamiento de Ecociudad para que, después, asumiera competencias de Portero y los técnicos.

Según fuentes consultadas, Artigas no vio conveniente informar al consejo sobre el procedimiento de información reservada ni tampoco solicitar a la asesoría jurídica que asumiera este rol para preservar la confidencialidad del mismo.