La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha anunciado hoy en el Pleno de las Cortes que el próximo lunes, 18 de diciembre, se publicará en el BOA el decreto de prestaciones económicas que establece la ley de pobreza energética, aprobada por unanimidad hace un año.

Este decreto, que ya había sido aprobado por el Consejo de Gobierno pero que al no haber sido publicado no ha entrado en vigor, plantea que las prestaciones tienen carácter subjetivo, son "esenciales" y no pueden estar sujetas a disponibilidad presupuestaria.

La consejera ha hecho este anuncio durante su comparecencia en el Pleno de las Cortes a petición del grupo parlamentario de Podemos para que informara sobre el desarrollo y aplicación de a Ley de Pobreza Energética de Aragón, aprobada hace un año y pionera en España.

Un asunto "recurrente para la segunda semana de diciembre", según ha señalado tanto Broto como la portavoz socialista en el debate, Pilimar Zamora, dado que hace un año Podemos formuló esta misma solicitud y dos semanas después de aprobarse la ley que ellos auspiciaron "ya hablaba de incumplimientos", según le ha recriminado Zamora.

Broto ha recordado que este año se han destinado dos millones de euros del presupuesto de Aragón para luchar contra la pobreza energética, que "afortunadamente" no se ha producido ningún corte de luz o gas en hogares aragoneses y que se han pagado hasta ahora 10.371 facturas de 7.000 familias.

Y ha añadido que la consignación que han tenido los ayuntamientos y las comarcas aragonesas es la que han solicitado de acuerdo a las demandas del año anterior, que asciende a 1.022.000 euros.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado para ayudas relacionadas con la aplicación de esta ley 700.000 euros, ha apuntado Broto.

Además, ha espetado a Podemos que deberían estar "contentos" porque en Aragón se haya aprobado una ley que otras comunidades han rechazado, ha asegurado que la pobreza energética es un asunto del que está pendiente "día a día" y ha añadido que se trata de un asunto"integral".

No obstante, le ha dicho a la diputada de Podemos Amparo Bella que no es la "responsable de propaganda" de la formación morada, después de que le haya reclamado más campañas de difusión de las medidas recogidas en esta norma.

Desde Podemos, Bella ha preguntado por qué teniendo esta ley no se aplica ni tiene desarrollo normativo, al tiempo que ha lamentado que ni las personas que la necesitan ni los trabajadores sociales que deben trabajarla tienen claro cómo hacerlo, extremo que ha negado la consejera, quien ha aseverado que se les da "respuesta en los centros sociales" y desde la proximidad.

Por el grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) ha destacado que la ley de pobreza energética se basó en un texto de Podemos pero incorporó 50 de las 51 enmiendas que se presentaron, por lo que contó con un "amplio consenso", y ha añadido que lo que plantea el texto es algo que ya hacia el actual gobierno aragonés -formado por PSOE y CHA- desde que tomó posesión y se propuso proteger a los más vulnerables.

Y ha apostado además por que este debate se produzca en el Congreso de los Diputados.

Desde Cs, Desirée Pescador ha insistido en que la lucha contra la pobreza energética debería ser una prioridad para evitar la exclusión social y ha preguntado a la consejera si para 2018 se va a volver a "sobredotar" la partida o se ajustará como le ha solicitado.

Jesús Guerrero, del PAR, se ha interesado por conocer qué es lo que hace la consejería que dirige Broto de forma transversal con oros departamentos para ir "a la raíz" del problema que pasa, ha explicado, por la renta familiar, la puesta en marcha de medidas de eficiencia energética y los precios de la energía, aunque ha reconocido el nulo margen de maniobra del Gobierno aragonés en este último punto.

Por su parte la diputada popular Ana Marín ha acusado a Podemos de querer sacar "rédito político" a la pobreza energética, ha lamentado que todavía no se haya publicado un decreto que ya está aprobado por el Consejo de Gobierno y ha aseverado que los ayuntamientos y comarcas ya ayudaban a las personas que lo pasaban mal cuando no existía esta ley y que fue el de Teruel, gobernado por el PP, el primero que costeó estos gastos.