El Gobierno alemán quiere evitar a toda costa que el escándalo del Dieselgate siga creciendo. Después de que el miércoles saltase la alarma al conocerse que el gigante automovilístico Daimler había manipulado más de un millón de sus vehículos entre el 2008 y el 2016 para esquivar los controles medioambientales, el Ejecutivo teutón ha decidido tomar cartas en el asunto. Así, la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA) se encargará de examinar en los próximos días los automóviles afectados y que presentarían un nivel de emisiones contaminantes superior al permitido por la legislación europea.
Durante el jueves, el ministerio alemán de Transportes citó a los responsables de Daimler a comparecer en una comisión de investigación para esclarecer si el fabricante también incurrió en las mismas malas praxis que Volkswagen. En esa reunión, la cúpula de Daimler defendió su inocencia frente a las acusaciones que pesan sobre ella y aceptó que la KBA ponga bajo escrutinio a sus vehículos. A pesar de esta aparente predisposición, ayer la empresa subió el tono y aseguró que no aceptarían las alegaciones que denuncian su posible actividad ilegal: «En base a la información que tenemos, tomaríamos acciones legales contra la alegación de un cierre ilegal de nuestras instalaciones».
